Dos personas acusaron al actual alcalde de despedirlas por ser del PSOE
08 oct 2014 . Actualizado a las 10:23 h.La decisión de varios trabajadores del Concello do Carballiño de apelar a su condición de personas vinculadas al PSOE fue el detonante que derivó, tras meses de trabajo y después de reclamar todo tipo de documentación, en la querella del fiscal contra Pachi Vázquez por un presunto delito continuado de prevaricación. Los socialistas gobernaron en O Carballiño entre los años 1995 y 2011, con Pachi Vázquez -hasta el 2005- y Carlos Montes como alcaldes. El PP llegó al poder y Argimiro Marnotes se convirtió en alcalde tras las elecciones del 2011, así que el Concello promovió el despido de varios trabajadores. La decisión, según se argumentó en los procesos judiciales, vino motivada por ser empleos vinculados a subvenciones de la Xunta que no se habían renovado. Todos los casos se saldaron con el mismo resultado: a favor de los trabajadores y condenando al Concello do Carballiño a indemnizarlos o a readmitirlos.
En dos de los procesos, que partieron de denuncias presentadas por trabajadoras adscritas al área de Servizos Sociais, las afectadas aludieron a que su despido obedecía a una persecución política por su conocida vinculación con el PSOE. Habían adquirido la condición de trabajadoras indefinidas al denunciar al Concello, siendo el socialista Carlos Montes alcalde, y renunciar este a personarse en el proceso. En las comparecencias del Concello do Carballiño en los juzgados, el actual grupo de gobierno esgrimió en todo momento que el origen de las situaciones denunciadas se remontaba a la gestión del PSOE y a su política de personal.
La argumentación no sirvió de nada al equipo de Argimiro Marnotes, que perdió todos los pleitos, pero puso sobre la pista al fiscal Florentino Delgado, que empezó a pedir documentación y fue remitiendo sucesivas demandas al respecto a lo largo de todo el año 2013 para ampliar la información.
Decreto y resolución
En la querella del fiscal se citan dos decisiones de Pachi Vázquez que serían claros ejemplos de la presunta prevaricación continuada: un decreto del año 2004 y una resolución de la alcaldía en el 2005. En el primero, fechado el 30 de diciembre del 2004, el entonces alcalde de O Carballiño decide «recoñecer a condición de traballadores indefinidos de acordo co disposto na sentencia do Tribunal Supremo, dende o 1 de xaneiro de 2005» a seis trabajadores. Se trata de un peón de instalaciones deportivas, dos limpiadoras y dos oficiales -un chófer y un pintor-. Pachi Vázquez basaba su decisión en el hecho de que dichas personas llevaban «prestando servizos neste Concello por un período superior a 3 anos de forma continuada».
Poco más de un año después, el 24 de enero del 2005, y argumentando que se está trabajando con un presupuesto prorrogado y mientras no «entre en vigor o presuposto para o ano 2005» firma una resolución de la alcaldía por la cual resuelve la contratación de 31 trabajadores en base a lo «previsto no orzamento para o exercicio 2005, con efectos dende o 1 de febreiro de 2005». Todos los contratos tienen la misma tipología y duración -«por obra e servicio ata o 31-12-05»- y los empleos van desde auxiliar de la Policía a peones de obra, limpiadores o educadores sociales. En la relación figuras las seis personas incluidas en el decreto firmado por Pachi Vázquez el año anterior.