Sondaxe situó al final de la entrevista una reflexión que habría condicionado las demás respuestas, la que se refiere al consenso en el Congreso de los Diputados como requisito para emprender este tipo de reformas. La incursión del PP en esta materia respondió a la convicción general de ser la fuerza política más votada en España y, por lo tanto, una reforma de la legislación en un sentido mayoritario les beneficiaría. Un análisis demasiado simple porque está cambiando profundamente la estructura del comportamiento electoral, aparte otras consideraciones territoriales, por lo que el PP acierta en términos de mercado desistiendo y la encuesta de Sondaxe lo confirma: siete de cada diez gallegos consideran que su propuesta de reforma requiere consenso parlamentario y esta proporción es idéntica entre los votantes del PP.
El elector entiende mejor lo que sucede de lo que se cree en los partidos políticos, pero no es experto en sistemas de representación. El 58,1% de los gallegos coinciden en que es necesario producir cambios en el sistema y el 80,2% en que el alcalde lo eligen ellos, pero esto no significa que estén pensando en menor proporcionalidad; unos sí, y otros no. Sin embargo, cinco de cada diez consideran que un 40% de los votos válidos no es suficiente para fijar un alcalde, y esto tiene la lógica de que no alcanza a la mitad de todos.
Pero se produce un consenso social suficiente para designar alcaldes a quienes consigan más votos con independencia de otras consideraciones. Así lo prefieren el 63,3% de los gallegos frente al 21,2% que se declaran contrarios a esta idea. No era el momento para hacer esta reforma, porque cualquier mecanismo que fije un alcalde ahora le proporciona un respaldo medio inicial inferior a dos vecinos de cada diez, luego forzado a alcanzar acuerdos con terceros aunque en condiciones más inciertas. No reformar la ley les obligará a anticipar las elecciones generales, para orientar con ese resultado los posibles estos acuerdos municipales.
Jaime Miquel es analista electoral.