La Xunta defiende la reforma de los registros civiles hecha por Gallardón
GALICIA
Asegura que las gestiones «continuarán a ser gratuitas»
03 oct 2014 . Actualizado a las 13:54 h.El Gobierno gallego salió este viernes en defensa de la reforma de los registros civiles impulsada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón por entender que, pese a la «mercantilización» y «privatización» del servicio que denuncia el PSdeG, las gestiones que puedan hacer los ciudadanos en estas oficinas, como un certificado de nacimiento, una inscripción de matrimonio o una fe de vida, «continuarán a ser gratuitas».
El director xeral de Xustiza de la Xunta, Juan José Martín, respondió en la comisión institucional del Parlamento a una pregunta de la socialista Beatriz Sestayo, relativa a las alegaciones presentada por el Gobierno contra la «privatización» de los registros civiles. Con la reforma legal, los registros dejan de estar vinculados a los juzgados y pasan a depender de los registros mercantiles, que solo hay cinco en Galicia, uno por cada capital de provincia más el de Santiago.
El representante de la Xunta no solo dijo que desde Galicia no se promovieron alegaciones, debido a que la reforma se tramitó como un decreto ley y no había opción a ello, sino que la revisión será inocua en términos de empleo y de prestación del servicio. Señaló que el personal adscrito a las oficinas del registro «teríanse que ubicar» en las nuevas oficinas civiles y mercantiles, mientras que el personal de los juzgados de paz que se ocupaba de estos trámites deberá «asumir outras funcións». Es más, Juan José Martín explicó que fuera de las cinco ciudades con registro mercantil, los trámites del registro civil podrán realizarse en notarías o, en caso de no existir, en los juzgados de paz.
Sestayo se quejó de que la Xunta defienda una reforma legal que el Consejo de Estado consideró en un dictamen de «oscura e confusa», dijo, y de que se le atribuyera al PSOE el patrocinio de la desjudicialización de los registros. «Nós prantexamos a desxudicialización dos rexistros civís, pero non que llos levaran aos rexistradores da propiedade».