Algunos cargos del Bloque Nacionalista Galego (BNG) también están directamente tocados por la operación Pokémon y sus distintas ramificaciones, que derivaron en la imputación, por ejemplo, del alcalde de Arzúa. La última publicación parcial del sumario, conocida el pasado fin de semana, también sacó a la luz que el alcalde de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez, intercedió supuestamente por una hermana, según los directivos de Aquagest, para un puesto de trabajo.
A este particular aludió ayer Xavier Vence, portavoz nacional del BNG, pero para salir en defensa del alcalde de Ribadeo y recalcar que lo que aparece en la nueva entrega del sumario de la Pokémon son «mencións» entre dirigentes de Aquagest, pero no correos que haya remitido el propio regidor con alguna petición.
De este modo, el número uno del Bloque puso el foco en que «non hai ningunha inxerencia nin petición» por parte del alcalde nacionalista de Ribadeo. «Non figura -insistió- ningún correo no sumario, polo menos até o de agora», esgrimió Vence, que en consecuencia no ve ningún caso que haya que aclarar en estos momentos.
Llegar al fondo
Sobre las nuevas revelaciones de la operación Pokémon también se pronunció ayer el grupo Alternativa Galega de Esquerda (AGE). Lo hizo a través de su viceportavoz en el Parlamento, Yolanda Díaz, quien reclamó «que se chegue ata o fondo, que se chegue ata o final», dijo, en la instrucción del caso y se investigue todo lo que haya que investigar para depurar las responsabilidades políticas correspondientes.
Para Díaz, es más que evidente que los correos interceptados en el marco de la investigación a la empresa Aquagest revelan una forma de actuar que está muy extendida «e que se espalla por todas as institucións». En su opinión, es necesario ponerle coto al proceso de privatización de los servicios públicos, especialmente los de carácter municipal, pues entiende que se convierten en un caldo de cultivo para el tráfico de influencias y el enchufismo. Cree que en las relaciones de los concellos con las empresas concesionarias lo que procede es establecer «a máxima transparencia» para que estas sociedades adjudicatarias «non sexa un cortello» para la «compra de vontades políticas», la generalización de los regalos o el tráfico de influencias y de recomendaciones laborales.