Una doble declaración voluntaria ante la Fiscalía en junio del año pasado y ante la Unidad de Delincuencia y Violencia Especializada (UDEV) de la Policía dos meses después, llevó al Ministerio Público a indagar y otorgar verosimilitud al relato con el que se puso de manifiesto la existencia de supuestas prácticas irregulares en el gobierno de Abel Caballero.
Dos agentes transcribieron el 2 de agosto del 2013 a lo largo de ocho folios el relato que daba cuerpo a lo que un declarante llegó a dibujar al otro lado del ordenador en la comisaría como «una asociación delictiva destinada a mantener por métodos antidemocráticos el control del PSOE en Vigo, y a partir del dominio del partido y de sus listas electorales, lograr el control de la institución municipal». Dicha acusación forma parte de los más de diez mil folios que acumula la causa que ha supuesto la imputación de uno de los hombres fuertes del gobierno de Caballero en el caso del hormigón, eso sí, por una pequeña parte de lo que ante los agentes puso de manifiesto el declarante. Su nombre, inicialmente omitido en el informe con el que la Fiscalía se convirtió en denunciante, consta en escritos posteriores adjuntados a la causa.
Carlos Príncipe, exalcalde de Vigo, aparece como quien destapó con su relato ante la UDEV la mayor crisis en la que se ha visto sumido Abel Caballero durante los siete años y medio de su mandato. Pero las acusaciones, acompañadas de pruebas documentales aportadas en comisaría por el exregidor, no eran inéditas. En su escrito de defensa ante el expediente disciplinario abierto por el PSOE vigués a Príncipe en el 2011 por sus reiteradas críticas a Caballero, el exalcalde aseguraba haber denunciado en asambleas de su partido primero y al anterior secretario de Organización del PSdeG y a la comisión de garantías después, la existencia de graves irregularidades en la gestión municipal, para cuya probatura solicitaba fuesen llamadas a declarar decenas de cargos y militantes destacados del PSOE vigués, así como los allegados a los que estos habrían enchufado en el puerto, Concello y concesionarias municipales. Se reclamaba igualmente que se exigiesen responsabilidades a Ángel Rivas, el concejal ahora imputado, por su doble condición de directivo de Hormigones Valle Miñor y miembro de la junta de gobierno que adjudicaba obras surtidas por dicha empresa.
En agosto del 2013 la UDEV escuchó ese mismo relato, que tres años más tarde de haber salido a la luz en los pulsos internos en el PSOE, la Fiscalía ha hecho suyo promoviendo la instrucción que ha agrietado el hormigón de la alcaldía de Caballero. En el relato de Príncipe recogido en el sumario, señala que Rivas formó parte del consejo de administración del Puerto cuando su hija fue contratada por Caballero como telefonista en la institución. Añade que Rivas votó en el gobierno municipal en todas las adjudicaciones de obras en las que su empresa acabó siendo suministradora, hecho que al final emerge solo como la punta del iceberg de las irregularidades descritas por la fiscal jefe.