Acepta rebajar el cupo de avales para las iniciativas legislativas ciudadanas
13 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.En su día fue una propuesta estrella del Movimiento 15-M. Los indignados hicieron causa con la extensión del sufragio universal a los mayores de 16 años, pues entendían que era una vía para favorecer la participación política de los jóvenes y rebajar la influencia de la senectud en la producción legislativa. Al BNG le pareció bien la demanda. Y tras reparar que en Cataluña ya se permite que los mayores de 16 años firmen iniciativas legislativas que llegan al Parlamento, elevó un texto muy parecido a la Cámara gallega, donde obtuvo el respaldo de todas las fuerzas políticas el pasado mes de febrero para ser tramitado. Pero eso fue en febrero. Ayer el PP volvió sobre sus pasos y anunció que vetará cualquier atisbo de que los menores de edad puedan jugar a ser legisladores.
La ponencia parlamentaria encargada de redactar la nueva ley sobre iniciativas legislativas populares, las conocidas como ILP, concluyó ayer sus trabajos con un acuerdo entre el grupo proponente, el BNG, y la fuerza mayoritaria, el PP, en torno a aspectos como la aceptación de la firma electrónica o la reducción del número de signaturas exigible para que un proyecto normativo pueda cruzar los muros de O Hórreo y ser tomado en consideración.
Hasta el momento, una ILP necesita reunir al menos 15.000 firmas para ser aceptada. Pero en aras de favorecer la participación, los grupos aceptaron reducir el cupo hasta las 10.000 firmas, siguiendo la estela de otras comunidades como Andalucía, que rebajó el suyo de los 75.000 a las 40.000 avales, mientras que en el de Cataluña o Madrid están situados en las 50.000 firmas.
Pero entre el PP y el BNG también hubo puntos de desencuentro, circunscritos básicamente a dos cuestiones, como son la aceptación de las firmas de los jóvenes de entre 16 y 18 años, que demandan los nacionalistas con el apoyo de AGE, o la compensación económica que ha de pagar el Parlamento por los pliegos de firmas que llegan al registro.
La ponente del PP, Paula Prado, confirmó que su grupo no respalda que los menores de edad puedan impulsar leyes, como ocurre en Cataluña, por la sencilla razón de que «a súa sinatura non se pode cotexar co censo electoral», al no figurar en el mismo. «Iso é un conto», señala a su vez el ponente del BNG, Francisco Jorquera, quien entiende que sí se pueden validar las firmas con los datos del padrón de habitantes. «Do que se trata é de favorecer que os xóvenes participen na política, hai quen quere e quen non», abundó Jorquera.
En cuanto al PSdeG, impulsó una enmienda para impedir que los menores puedan avalar una ILP, pese a que en Cataluña fueron los socialistas los principales defensores del planteamiento contrario. En todo caso, la posición del PSOE quedó sin definir debido a las numerosas ausencias de la diputada Beatriz Sestayo a las reuniones de la ponencia, que ayer echó el cierre sin su participación.
El grupo AGE, por su parte, declinó hacer enmiendas al texto original del Bloque, arguyendo que haría piña con todos los planteamientos defendidos por los nacionalistas.