Una jueza investiga la denuncia de la Fiscalía contra el exalcalde de Teo, Armando Blanco, del PP

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Dilucida si hubo prevaricación al prorrogar la concesión del agua por 20 años justo antes de las elecciones del 2007, que perdió

10 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago ha iniciado una investigación a raíz de una denuncia de la Fiscalía contra el exalcalde popular de Teo, Armando Blanco, y su equipo de gobierno, por aprobar en pleno el 30 de abril del 2007 una prórroga de 20 años para la concesión del abastecimiento y la depuración de aguas del municipio, un procedimiento en el que, según el ministerio público, podría haberse cometido un delito de prevaricación administrativa. La investigación está en fase inicial, aunque la jueza ha remitido un oficio al Concello de Teo para identificar a las personas que formaron parte del gobierno local y votaron a favor de la prórroga a la empresa Aquagest, «tanto para poñer en coñecemento a existencia deste procedemento para garantir o seu dereito de defensa, como para interromper a prescrición do delito obxecto da causa», se asegura en el oficio firmado por la jueza Ana López Suevos. Por tanto, aún no se ha llamado a declarar como imputados ni al exalcalde ni a los concejales que votaron en el pleno. El PP contaba entonces con ocho ediles.

En este escrito el juzgado solicita, entre otros documentos, el acta de la sesión extraordinaria que en abril del 2007 aprobó la prórroga a Aquagest, empresa investigada también en la operación Pokémon. Este pleno se celebró un mes antes de las elecciones municipales que dieron la alcaldía a Martiño Noriega, entonces en las filas del BNG. Noriega siempre consideró lesiva para los intereses de los ciudadanos de Teo la prórroga de este contrato, pues ampliaba su vigencia veinte años desde enero del 2009, incrementando también las tarifas de consumo a cambio de una inversión en obras de 1,75 millones. También implicaba la condonación de una deuda de algo más de 900.000 euros.

Antes de ese acuerdo plenario, la Intervención del Ayuntamiento emitió un informe en el que se destacaba que el contrato original solo incluía prórrogas sucesivas de cinco años (ya se habían aprobado tres, pues la concesión comenzó en 1989) y que era necesaria una nueva licitación. El secretario, por su parte, alertaba de «certa inseguridade xurídica» al modificar de forma tan radical el contrato, por lo que recomendaba justificarlo mejor.

Casualmente, la nueva secretaria del Concello tomó posesión el mismo día en que se aprobó la concesión. Así que incluyó una nota manuscrita en el nuevo contrato, explicando que ese documento «non foi sometido á miña consideración». Posteriormente, en un informe solicitado por el nuevo regidor, la secretaria asegura que la única prórroga legal posible era de cinco años, pues se llegaba al límite de 25 que marca la ley. También echaba de menos un estudio económico que avalara la revisión de tarifas propuesta por Aquagest. Otro informe de la Diputación consideraba que el incremento en el coste del servicio era de difícil justificación.

La nueva corporación intentó revisar la prórroga en el 2007, pero el pleno votó en contra. La revisión de oficio empezó el año pasado.