Apoyo mayoritario a la retirada de la concesión a Audasa

Un 57,9 % de las respuestas a la encuesta de Sondaxe reclaman que la autopista del Atlántico revierta al Estado


Redacción / La Voz

La amenaza de Fomento se ha convertido en una de las preguntas de la encuesta que ha elaborado Sondaxe sobre el servicio que presta Audasa a cambio del peaje que cobra por circular por la autopista. A la pregunta «¿Cree que el Ministerio de Fomento debería retirar la concesión a Audasa por su gestión de la autopista AP-9?», los encuestados responden que sí en un 57,9 % de los casos. Ese porcentaje sube entre los ciudadanos que residen en las provincias por donde pasa la vía: los partidarios del rescate son un 68 % en A Coruña y un 59,2 % en Pontevedra.

Los críticos con la gestión de Audasa más visibles en los medios son conspicuos responsables del PP. Sin embargo, los votantes de ese partido son los más remisos en su reclamación del fin de la concesión. Pero aun así, estarían de acuerdo con esa medida más de la mitad (el 53,5 %) de los encuestados que se identificaron como votantes del PP en las autonómicas del 2012.

Gestión a manos de la Xunta

Otra cosa es lo que se haría con la autopista después de su supuesta reversión al Estado. En esta cuestión hay una parte muy importante de los encuestados (un 31,8 %) que no sabe lo que se debería hacer. Pero de nuevo son mayoría absoluta (un 54,6 %) los que respaldarían que se hiciera lo que a principios de este mes Núñez Feijoo reclamó a Fomento: que la gestión de la autopista pase a ser desempeñada por la Xunta de Galicia.

¿Hay posibilidades de que esta reivindicación mayoritaria se lleve a efecto? Muy pocas. Esa reclamación viene haciéndose desde los tiempos del bipartito, en el año 2005; la llevó a su programa electoral Núñez Feijoo en el 2009 y nunca ha tenido éxito.

Para que pudiera llevarse a cabo, la autopista gallega tendría que entrar en pérdidas y llegar a la misma situación en que se encuentran los diez tramos de autopistas españolas que están reclamando ahora el rescate por parte del Estado, una operación que puede costarle al erario cerca de 2.400 millones de euros. Pero las condiciones de partida son muy distintas a las de la autopista del Atlántico. Todas ellas son de construcción reciente, se abrieron prácticamente al tiempo que estallaba la crisis económica, sus usuarios potenciales cuentan con alternativas de paso y sufrieron los efectos de unas previsiones de tráfico muy alejadas de la realidad, que en algunos casos bajaron hasta el 80 % menos de lo previsto. Unos 2.000 millones de euros, casi tanto como lo que sumarán todos esos rescates, costaría el de la autopista gallega, por la deuda acumulada y por el coste de las obras realizadas, principalmente el enlace de Fene con Ferrol que sirvió para justificar su venta a Sacyr.

Beneficios sostenidos

Y además, aunque siga bajando el tráfico, es difícil que los nuevos propietarios piensen en abandonar, porque tienen una rentabilidad casi asegurada para los próximos 34 años, dado que las principales inversiones ya están prácticamente amortizadas. El beneficio baja, pero en el 2013 aún fue de 29,5 millones de euros sobre una facturación de 129 millones.

Es de prever que los costes se sigan recortando. En el año 2010, la plantilla de Audasa era de 303 personas. En junio pasado habían bajado hasta 226. En su última emisión de obligaciones, la empresa se felicitaba por el éxito de mecanismos que reducen los costes de personal, como el telepeaje, que ya se utiliza para pagar el 44 % del total de ingresos.

La reclamación de la Administración gallega para que se rebajen las tarifas tampoco presenta visos de éxito. Audasa ya ha acordado incrementar anualmente sus peajes en un 1 %, aparte de lo que suba el IPC, para financiar la ampliación del puente de Rande.

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