La crisis dispara las demandas de incapacitación y tutela de mayores

Numerosas peticiones surgen de la necesidad por parte de las familias de obtener ingresos con los bienes o las rentas de los incapacitados


Redacción / La Voz

Cuando un anciano pierde por completo la capacidad de discernimiento, sus familiares pueden solicitar que lo declaren incapacitado, completar ese estatus jurídico asumiendo su tutela y a partir de ahí actuar en su nombre. La crisis económica incrementa las peticiones de incapacitación y tutela. La necesidad obliga. A veces la persona mayor no es capaz de administrar su pensión o de decidir la venta de una finca, que pueden ser recursos vitales para las familias. La falta de dotación del plan de dependencia también resta salidas económicas en estos casos. De todo esto procede, según fuentes jurídicas, el aumento de las demandas de incapacitación y de las solicitudes de tutela.

Sin embargo, conseguir la incapacitación o la tutela de una persona no es fácil. Ha de decidirla un juez e intervenir un fiscal, tras un procedimiento informativo minucioso en el que participan peritos, médicos forenses y, en su caso, cuidadores. La última memoria de la Fiscalía Superior de Galicia, que recoge datos del 2012, señala que ese año se incoaron en Galicia 2.373 diligencias informativas de este tipo, un 12,3 % más que el año anterior. Las demandas de incapacitación presentadas fueron casi dos mil, unas doscientas más que un año antes. De 1.123 sentencias sobre demandas de incapacitación, se estimó la petición en 1.083 casos. Con estas últimas cifras da la impresión de que la mayoría de las demandas son admitidas, pero no es así cuando hablamos de ancianos. Los casos en que es más fácil que el juez declare la incapacidad son aquellos en los que los demandantes de la incapacitación, y posteriormente de la tutela, son los padres de jóvenes con discapacidades cognitivas graves. Cuando el sujeto es una persona mayor, los jueces son especialmente rigurosos en el examen de las circunstancias, y si no es evidente que la pérdida de capacidad intelectual es completa, la incapacitación se rechaza.

«Declarar la incapacidad de una persona es restarle al ser humano lo que lo define como tal, que es la libertad de decidir -afirma el abogado civilista Ignacio Bermúdez de Castro Olavide-, por eso los jueces son muy rigurosos a la hora de sentenciar a favor». Las capacidades cognitivas del anciano han de estar muy severamente limitadas, porque en caso contrario ni el fiscal que informa ni el juez que sentencia se prestan a restringir de forma tan radical los derechos de una persona que pueda conservar todavía parte de su raciocinio.

La ley de dependencia

«La reducción de las ayudas de la ley de dependencia probablemente ha forzado a algunas familias -añade el abogado- a intentar la incapacitación del anciano que convive con ellos; en la práctica hemos visto casos realmente desesperados por los apuros económicos de los solicitantes, pero aun así, si la incapacidad no es prácticamente absoluta, no se va a conseguir».

Las familias en las que alguno de sus miembros sufren una limitación cognitiva grave cuentan hoy en Galicia con una red amplia de instituciones de apoyo. Fademga es la federación que agrupa a esas asociaciones. Para Moisés Lamigueiro, responsable del área de familia de la federación, lo más positivo que se observa en paralelo a este aumento de las peticiones de incapacitación es que «cada vez el sistema jurídico afina mejor, y se puede decir que, con los jueces más sensibles y experimentados, estamos llegando a una incapacitación a medida» del sujeto.

En un trabajo ya clásico, el catedrático de Derecho Civil, hoy emérito, José Manuel González Porras incidía en el carácter más patrimonialista que de protección a la persona de la regulación española de la incapacitación y la tutela, hasta que la plena incorporación a la Unión Europea llevó a incidir más en el factor humano. En este aspecto también hemos mejorado, según Moisés Lamigueiro, «porque hay figuras de incapacitación parcial, en las que el sujeto no se somete a tutela sino a curatela, por la que se le facilita cierta capacidad de obrar y se le ayuda a administrar sus bienes, y porque, cuando hablamos de incapacitación, se da mayor protagonismo a la persona, obligando al tutor a rendir cuentas y a informar del estado del tutelado una vez al año ante el juzgado».

Como siempre, las cosas podrían mejorar si los jueces pudieran entrevistar al incapacitado con periodicidad, porque también es posible dar marcha atrás a la incapacitación. Pero ahí se choca con la consabida falta de recursos humanos de la Justicia.

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