Los bancos de alimentos recurren a las empresas para atar su abastecimiento

Esta misma semana el banco de alimentos de Lugo alertaba de que las cuarenta toneladas de víveres que guarda en sus almacenes apenas llegarán para cubrir durante un mes las necesidades de las 1.700 familias a las que atiende. Con más o menos alarmismo, lo cierto es que todas las entidades sociales que operan en Galicia advierten de que la salida de existencias se ha acelerado y de que se han visto obligadas a multiplicar sus esfuerzos para garantizar el reparto a los hogares que lo necesitan. En Ourense, igual que en Lugo, reconocen estar «bajo mínimos», mientras en el banco que abastece a la provincia de Pontevedra aseguran que, aunque la situación no es fácil, no corren peligro de quedarse sin existencias. Otra de las entidades que distribuyen alimentos en la comunidad, la Fundación Amigos de Galicia, explica también que, pese a las dificultades, por el momento han logrado controlar la situación.

Lo han hecho, relata desde esta última entidad su director general, Jesús Busto, «grazas ás empresas e á sociedade». Lo mismo destaca el presidente de la Federación Galega de Bancos de Alimentos, José Pita, que pone especial acento en la colaboración de las grandes superficies: «Siempre hay falta de alguna cosa, pero si recurrimos a las grandes superficies, siempre contamos con su colaboración». Las cadenas de alimentación, pero también las empresas del sector, que se han convertido en la puerta a la que llaman las oenegés cuando las dificultades las ahogan, responden a los llamamientos de las entidades sociales y palían en buena medida la mengua de las ayudas.

Campañas solidarias

Desde la federación gallega explican que la Unión Europea ha suprimido las ayudas para los bancos de alimentos y ha sido el Estado el que se ha hecho cargo de ello. Desde Madrid han llegado para esta organización 40 millones, una cantidad menor que en años anteriores que complementan con la realización de campañas -«En la Gran Recogida del año pasado conseguimos medio millón de kilos de comida», indica José Pita-.

Desde Amigos de Galicia constatan ese descenso de las ayudas oficiales. Jesús Busto destaca la carencia de algunos productos como cacao, aceite, garbanzos o lentejas, cuyo suministro han visto reducido este año, según sus cálculos, un 30 %. «Conservas tampouco viñeron», añade. Y es aquí, precisamente, donde entran las empresas y las donaciones particulares a complementar la tarea de la Administración que, en opinión de Busto, «debíanos aumentar (las entregas), sobre todo nos produtos esenciais». El cacao ha resultado insuficiente, de hecho, en varios de los bancos de alimentos. En Ourense falta leche, según expone su coordinador, Bienvenido Conde, que añade al listado las galletas, el azúcar y las conservas. Contra este déficit de determinados alimentos, los bancos han puesto en marcha una receta alternativa: los intercambios entre ellos, otra de las fórmulas de las que tiran para hacer frente a la escasez. De hecho, desde la federación aseguran que «si la zona de Lugo tiene problemas, vamos a tratar de ayudarles», y añaden: «Se mandará a donde haga falta, porque podemos garantizar una comida diaria a cada persona». José Pita quiere dejar un mensaje muy claro: a pesar de las dificultades, «no tiene por qué haber familias gallegas pasándolo mal».

A las atenciones que realizan de forma habitual, los bancos de alimentos gallegos han sumado este verano nuevas familias a través del programa impulsado para compensar el cierre de comedores escolares durante el verano. En efecto, ante la alarma surgida en el mes de junio por el fin de curso y lo que este iba a suponer para las familias más necesitadas que no iban a contar con el apoyo del comedor, la Consellería de Benestar, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y los bancos de alimentos firmaron un protocolo destinado a ampliar la protección a las familias en situación vulnerable con menores a cargo.

Ese convenio preveía una doble vía de actuación. Por una parte, un aumento del presupuesto destinado a proporcionar apoyo alimentario a las familias que lo precisen. Por otra, el refuerzo de medidas ya anteriormente en marcha como las ayudas de inclusión social. El programa se puso en marcha a principios del mes de julio. Siete semanas después, la consellería no ha ofrecido datos sobre las familias que se han beneficiado del mismo.

Según este protocolo, los servicios sociales de los concellos son los encargados de determinar qué familias deben ser beneficiarias de las ayudas. A los ayuntamientos llegan también los lotes de alimentos que los bancos preparan según las características y el número de integrantes de cada núcleo familiar. Pero toda ayuda es poca: «Estamos atopando familias que realmente o están pasando moi mal», asegura Jesús Busto.

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