Mato defiende servicios de calidad en la dependencia frente a las «paguitas»

Benestar descarta compensar el recorte de las ayudas del Gobierno central


Santiago / La Voz

La aplicación de la reforma de la ley de dependencia en Galicia sigue generando polémica. Las medidas impuestas por Rajoy obligan a contabilizar el patrimonio y las rentas del dependiente, por lo que durante el mes de julio los usuarios gallegos o sus familiares recibieron cartas con importantes recortes en la cuantía de sus ayudas. La conselleira de Benestar, Beatriz Mato, descartó compensar estas bajas de la Administración central y apostó por reforzar los servicios profesionales y las plazas para atender a estas personas.

Mato defendió el compromiso de Galicia con la aplicación de la ley de dependencia, ya que los recursos autonómicos suponen el 80 % de la financiación total. Además, recordó la conselleira, el 60 % de todos los fondos que la Xunta destina a política social a través de su departamento -educación infantil, menores, discapacidad, mayores-, está dirigido únicamente a la dependencia.

La titular de Benestar puntualizó sin embargo que la normativa está hecha para la protección de las personas dependientes «non das familias, das persoas», insistiendo en que hay que hacerlo con calidad y con servicios atendidos por profesionales «que supoñen un esforzo económico máis grande que facer chegar paguitas á familia», en relación a una de las prestaciones que incluye la ley de dependencia, que es la ayuda económica al cuidador no profesional -mayoritariamente un familiar-.

La conselleira no entró a cuestionar el uso que las familias pueden hacer de esta ayuda, pero sí ahondó en esa dirección. «Para nós o máis importante é garantir que ese diñeiro non é para a familia, é para o dependente, é dicir, garantir que dalgunha maneira os recursos dos galegos reverten directamente no benestar do dependente, non no benestar da familia». Beatriz Mato añadió en un acto en Santiago que el esfuerzo de la Xunta se destina a incrementar y reforzar los servicios de profesionales, y de hecho recordó que desde el 2009 se han multiplicado por cuatro el número de dependientes atenidos. También apuntó que en uno de los últimos Consellos de la Xunta se aprobó la creación de 150 nueva plazas para mayores.

El farragoso baremo

Trabajadores sociales de concellos han lamentado la dificultad para realizar el baremo del patrimonio y los ingresos de los dependientes para calcular la cuantía de la ayuda. Además, sostienen que el Decreto 149/2013, que define la cartera de servicios, se refiere en el artículo 22 a la valoración del patrimonio sin establecer ningún límite inferior o superior para su toma de consideración. La Xunta, sin embargo, sostiene que la vivienda habitual solo se contabiliza en la atención residencial cuando está vacía y su valor catastral supera los 300.000 euros.

Las cartas de la discordia

Dependientes gallegos comenzaron a recibir a mediados de julio cartas en las que se les informaba de la revisión de su ayuda, en algunos casos con bajadas muy superiores al 50 %. Una de las principales críticas, además de por la merma en sí, es porque las cartas llegaron en las últimas semanas de julio pero el recorte se hacía efectivo desde el día 1 de ese mes. Familias afectadas por el recorte y cuyos familiares están ingresados en centros privados mostraron su intención de sacar a sus familiares del centro por no poder pagarlo. Beatriz Mato señaló que «a día de hoxe non temos constancia de que ninguén queira saír do sistema».

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