La huelga en la recogida de basura de Lugo empezó el pasado 9 de junio, cuatro días antes del Arde Lucus, y si nada lo remedia podría extenderse hasta el San Froilán. Los lucenses son los principales perjudicados de un conflicto laboral que había estallado semanas antes y en el que hay tres partes implicadas. Por un lado, la empresa concesionaria del servicio de limpieza: Urbaser, propiedad del presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez. Por otro, el comité de empresa, en el que UGT y CIG tienen las mayores cuotas de representación. Y en medio, el Concello de Lugo, titular del servicio público y organismo encargado de velar por el interés de la ciudad amurallada y de sus habitantes, y que contrató a Tragsa para adecentar la urbe, pero cuya presión para solucionar el conflicto no ha dado resultado. La amenaza de huelga indefinida surgió cuando Urbaser se negó a consolidar en el convenio colectivo una paga de 600 euros que la plantilla había percibido en los dos últimos ejercicios. Fue la chispa que prendió fuego a una hoguera que después de dos meses va camino de eternizarse, y que ha llenado Lugo de toneladas de basura, suciedad, insectos, ratas y más de medio centenar de contenedores quemados.
Despidos y expedientes
En este tiempo, las partes se han sentado a negociar en varias ocasiones, casi siempre con el mediador Benigno Sánchez, designado por el Consello Galego de Relacións Laborais. Sin embargo, lejos de acercarse, las posturas se han enconado más. En el encuentro más reciente, celebrado a finales de julio, Urbaser propuso la vigencia del convenio actual durante tres años y el mantenimiento de las condiciones salariales y sociolaborales, además de un incremento salarial durante tres años del IPC. En lo que no quiso ceder fue en los 11 despidos y en los 78 expedientes abiertos a operarios por incumplimiento de los servicios mínimos; y es ahí donde el comité de huelga no está dispuesto a dar el brazo a torcer. Entremedias quedan incidentes de todo tipo y el órdago lanzado por el alcalde Orozco cuando el pasado 11 de julio dio un ultimátum a Urbaser al anunciar que intervendría el servicio si en 48 horas no era capaz de recoger los puntos con alerta sanitaria.