redacción / la voz

La sorpresiva advertencia lanzada este fin de semana por la ministra de Fomento a Audasa agitando la posibilidad de suspenderle la concesión de la autopista del Atlántico carece de legitimidad y visos de convertirse en realidad para los tres grupos de la oposición parlamentaria en Galicia. PSOE, AGE y BNG coinciden en calificar la reacción pública de Ana Pastor a los colapsos registrados en los peajes de la AP-9 en el mes de julio como «un farol», instándole, y retándola incluso en los tres casos, a recuperar cuanto antes para la iniciativa pública la gestión de la principal vía de comunicación de Galicia si la ministra está tan persuadida de que la actual concesionaria no presta un servicio acorde con los parámetros exigidos en su contrato.

«Es mera publicidad y propaganda que una ministra del PP amenace con suspender una concesión cuando ese mismo partido amplió en el 2000 el contrato en 25 años más, hasta el 2048 el contrato. Y es, además, la misma formación que ahora está acometiendo privatizaciones de empresas públicas claves como Aena», razona el parlamentario del PSdeG Abel Losada. «Tiene la responsabilidad del pasado y la de hacer cumplir los pliegos administrativos de la concesión», continúa el socialista, que asegura no comprender cómo se puede hablar desde el ministerio a través de su titular de suspender una concesión cuando no ha habido siquiera ningún tipo de sanción previa.

«El PP vota en el Parlamento gallego por sistema siempre en contra de cualquier mejora que los demás grupos planteen exigir sobre la AP-9», añade Losada, para quien el objetivo final tiene que ser «el rescate de la concesión, sin costes, y con una progresiva rebaja en los peajes hasta su desaparición. Nosotros ya lo hicimos en la autopista Santiago-Dozón, en Rande y en A Barcala», concluye.

Sin condiciones previas

«É un farol nada crible, pois ven dunha ministra dun partido que leva o pecado consigo ao privatizar en favor de Sacyr a concesión da AP-9 a prezos de amigos, en condicións vantaxosas e permitindo unhas plusvalías millonarias sen sequera esixir melloras nin inversións na autoestrada», indica el parlamentario de AGE Antón Sánchez. El diputado de la coalición EU-Anova insta a Pastor a demostrar que sus advertencias son reales iniciando con urgencia el proceso para rescatar la concesión y poner la gestión en manos públicas, «porque xa é insultante que teñan as peaxes máis caras de todo o Estado, pero non se pode permitir ademais que pola xestión da concesionaria os usuarios da AP-9, por riba de pagar, teñan que sufrir retencións de ata vinte ou trinta minutos. É unha estafa á que se suma a falsidade da ministra, que o que ten que facer é comezar polo principio e sancionar a Audasa», concluye Sánchez.

Postura muy similar mantiene el BNG, que este mismo verano planteó en el Congreso de los Diputados dos iniciativas exigiendo explicaciones sobre la gestión de Audasa y los atascos registrados en la AP-9. «Non se coñece como está o expediente informativo que Fomento asegura que lle ten aberto a Audasa, e despois de ter preguntado por elo, a ministra fai esas declaracións, que máis parecen unha improvisación feita ao falar cerca de onde está o problema», valora la diputada nacionalista Olaia Fernández.

Rescate, no compra

Para la diputada del Bloque, Audasa acumula diversos incumplimientos en sus obligaciones, «a maiores de non ser capaces de abrir as peaxes cando provocan eles mesmos ata dous quilómetros de colas. É inaceptable», añade Fernández Davila.

El Bloque es partidario de rescatar la concesión de la gestión de la autopista, pero sin que eso signifique una compra, sino que se recupere la gestión de la AP-9 con la suspensión del contrato por incumplimiento, lo que acarrearía, entiende la representante nacionalista, un pago de indemnizaciones por una cuantía menor que si se lleva a cabo un rescate del vial sin más.

«Que se inicie o proceso xa, con expedientes e as sancións correspondentes para poder chegar despois á suspensión. Mentres non se faga iso, a ministra de Fomento non será crible», concluye Fernández.

Todos los Gobiernos se quejaron

Pese a ser competencia del Gobierno central, ha sido la Xunta la institución que mayores críticas ha vertido históricamente hacia la concesionaria de la AP-9. Las quejas de este verano del presidente Feijoo estuvieron precedidas hace dos años por las planteadas por su entonces conselleiro Agustín Hernández por los mismos atascos veraniegos, o por los precios elevados y la carencia de una política de descuentos similar a la existente en otras autopistas del Estado. Más ácidas incluso fueron las críticas que el gabinete de Pérez Touriño lanzó en el 2005 por los colapsos generados debido a las heladas o a los incendios forestales, y la negativa de Audasa a abrir las barreras en esas situaciones. El mismo Fraga asestó varios ataques a la responsable de la AP-9 por el mal estado entonces del firme y su posible relación con varios accidentes de tráfico.

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La oposición no se cree que Pastor piense anular la concesión de la AP-9