Caballero coloca a Carlos Príncipe al borde de la expulsión del PSOE

Reactivado el expediente por denunciar 22 enchufes socialistas en el Concello


redacción / la voz

La agrupación del PSOE vigués que preside Abel Caballero acaba de reactivar el expediente disciplinario abierto en octubre del año pasado contra el exalcalde socialista Carlos Príncipe por denunciar supuestas prácticas irregulares en contrataciones realizadas por el equipo de gobierno municipal y la contratación en el Concello y sus concesionarias de hasta 22 personas vinculadas a dirigentes locales de su partido y pertenecientes al grupo que lidera el regidor de la ciudad.

Los instructores del expediente comunicaron el viernes a Príncipe por burofax que las acusaciones hechas por el exalcalde suponen «una falta continuada muy grave» por «menoscabar la imagen de los cargos públicos e instituciones socialistas» y pronunciar «ofensas personales graves destinadas a menoscabar el prestigio de los miembros del partido, realizadas con publicidad y notoria trascendencia», indica el pliego de cargos.

Tras nueve meses paralizado, el razonamiento del expediente disciplinario expone que Príncipe será objeto de una resolución interna «con medidas que podrán llegar hasta la expulsión» dado que los instructores entienden que sus manifestaciones entrarían en el artículo de los estatutos socialistas que determinan tal sanción por «expresar públicamente sus opiniones en términos de irresponsabilidad o con deslealtad al partido o sus afiliados, e injuriar o calumniar a alguna persona afiliada».

Largo proceso

El proceso abierto contra Príncipe ya tuvo en agosto del 2011 su primer capítulo, al decidir el equipo de Abel Caballero expedientarlo por sus críticas hacia la gestión del alcalde tanto en el Ayuntamiento como al frente del PSOE vigués. La presentación en una conferencia por parte de Príncipe del conselleiro Alfonso Rueda (PP) en abril del 2012 aceleró la suspensión de militancia de Príncipe durante 24 meses.

Durante su suspensión el exalcalde vigués acusó a Caballero de liderar una trama que utilizaba los contratos y empleos públicos para agrandar su poder en el partido y en la ciudad. Dicha denuncia conllevó la apertura del actual expediente disciplinario en octubre pasado, al que Príncipe respondió dando los nombres de los dirigentes de su partido que supuestamente han enchufado a familiares y conocidos en el Concello.

Dichas acusaciones no han sido investigadas por los instructores alegando haber «tenido en cuenta las declaraciones públicas del teniente de alcalde y concejal de Gestión Municipal [Carlos López Font] en las que manifiesta que se ha cumplido la legalidad en toda la contratación pública». Además, los instructores alegan no tener competencia legal para requerir datos de contrataciones del Concello y empresas, negando así las peticiones de defensa hechas por Príncipe.

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