La privatización dejó al Gobierno sin bazas ante la concesionaria

Las decisiones políticas adoptadas en la AP-9 se vuelven en contra de los usuarios


Santiago / La Voz

Salta la alarma en la AP-9. Otra vez. Se repite el episodio de todos los veranos. La secuencia es la misma. Los atascos ante las cabinas de peaje exasperan a los usuarios y vuelven a dejar en evidencia la gestión de la concesionaria. La Xunta denuncia la falta de sensbilidad de Audasa y le recrimina que aplica unas tarifas abusivas en relación a otras autopistas con la misma función vertebradora. Mientras exige medidas a Fomento para corregir esos agravios, los grupos de la oposición reclaman sanciones y el rescate de la concesión. El ministerio insinúa malestar. Pero nada cambia. Los clientes seguirán cautivos de una vía que carece de una alternativa libre de peaje y de una empresa privada que la gestiona sabedora de que tiene todas las bazas en su mano. ¿Por qué? En buena parte, por viejas decisiones políticas que ahora suponen un peaje añadido para el usuario.

La prórroga de la concesión

Audasa tiene en la AP-9 un negocio cuyo blindaje reforzó Aznar en el 2000. Su Gobierno prolongó hasta agosto del 2048 una concesión que expiraba en el 2023, tras una prórroga previa del Ejecutivo de González, que en los años ochenta amplió el contrato que finalizaba en el 2013. El Gobierno del PP realizó la operación a cambio de que la empresa completara trazados pendientes en las proximidades de Tui y la frontera lusa. Esa ampliación permitó engordar la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) a la que el Ejecutivo de González había enconmendado la gestión de una vía en riesgo de quiebra.

La privatización de la autopista

La prórroga de la concesión hasta el 2048 precedió a una decisión clave para entender la incapacidad del Gobierno para presionar a Audasa. En mayo el 2003, todavía con Aznar en el poder y con Feijoo recién aterrizado en la Consellería de Obras Públicas, se concretó la privatización del 100 % de ENA. La Sepi adjudicó la totalidad de las acciones por 1.586 millones a un consorcio liderado por Sacyr (50 %) e integrado también por SCH (20%), Caixanova (10%), Caixa Galicia (10%), Torreal (5%) y la Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla (5%). El Gobierno pudo poner en ese momento de la venta condiciones a la concesión, y reservarse un margen de maniobra. No lo hizo. En diciembre del 2005, Sacyr se hizo con el 100 % de Audasa, que tres años después quedó bajo el control del grupo nortemericano Citi. Un nuevo proceso de venta de la empresa, que también gestiona las vías autonómicas A Coruña-Carballo y Vigo-Baiona, lleva más de dos años activado sin que aparezcan compradores.

La hipoteca del tercer carril

Para ilustrar hasta qué punto la gestora de la AP-9 tiene asegurado el negocio basta ver el acuerdo para ampliar Rande y la circunvalación de Santiago. Audasa subirá los peajes al menos un 1 % durante los próximos 20 años. Los usuarios pagarán las obras.

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