El concierto de 5 colegios gallegos que separan por sexo, anulado por el Supremo

La resolución asegura que no cuestiona la educación diferenciada pero señala que no deben recibir ayudas públicas


El Tribunal Supremo ha anulado los conciertos educativos de la Xunta de Galicia con cinco colegios privados de A Coruña y Pontevedra que escolarizan a alumnos de un único sexo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal estima el recurso de la Confederación Intersindical Galega de Ensino (CIG-ensino) y declara la nulidad de la orden de la Consejería de Educación de 26 de agosto del 2009 en la parte que afecta a la concesión de ayudas a los centros docentes privados Peñarredonda, Montespiño, Aloya, Las Acacias y Montecastelo. El Supremo anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirmó la validez de dicha orden en todos sus extremos.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada María del Pilar Teso Gamella, aclara que no está en cuestión la existencia de la educación diferenciada, «tan legítima como el modelo de coeducación que establece la ley», sino que lo que se cuestiona es que ese tipo de enseñanza reciba las ayudas públicas propias de los conciertos educativos. En ese sentido, recuerda la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación que el tribunal ha hecho en otros casos del artículo 84,3 de la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que dice «en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Asimismo, precisa que «el mandato legal, en definitiva, descarta que la enseñanza separada, por razón de sexo, pueda acogerse al sistema de enseñanza gratuita de centros concertados sostenidos con fondos públicos». El Tribunal Supremo concluye que no pueden comprometerse los fondos públicos, por la vía de los conciertos educativos, más allá de los supuestos previstos por la Ley.

Contexto normativo superado

La Consellería de Educación ha matizado que la sentencia «se refiere a un período ya cerrado» y «se apoya en un contexto normativo superado tras la aprobación de la LOMCE». El departamento autonómico de Educación recuerda que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa «da cobertura legal al sostenimiento con fondos públicos de los centros con educación diferenciada por sexos, tras la modificación realizada en el artículo 84.3». En esta línea, Educación señala, aludiendo a dicho artículo, que «no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la educación diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960».

La Xunta señala además que la Consellería de Cultura y Educación «decidió, además, no concertar en el curso 2013-14 las unidades de 1º de Educación Primaria o Secundaria de los colegios que en Galicia tienen esas características, anticipándose así a la sentencia ahora dictada por el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta la sentencia de 13 de marzo del 2013 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia».

Reacciones a la resolución

El sindicato CIG, que presentó la demanda, manifestó su satisfacción con la sentencia. «Evidencia que a Consellería de Educación actúa ao servizo da ideoloxía máis reaccionaria, non tendo ningún tipo de reparo en empregar diñeiro público de todos para impulsar modelos educativos que son un obstáculo para avanzar na igualdade de xénero», asegura Anxo Louzao, secretario nacional de CIG-Ensino. «Estamos ante un uso fraudulento dos recursos públicos que ten como responsable último a Feijoo», añade.

La oposición considera que el fallo es un varapalo para la política educativa impulsada por el PP en la Xunta. El portavoz parlamentario del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, considera que el fallo del Supremo «restablece la legalidad conculcada por la Xunta» en su gestión «reaccionaria e clasista que está destrozando la educación pública». Por su partes, el BNG ha pedido la dimisión del conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, por la sentencia del Tribunal Supremo y acatar de «inmediato» la decisión judicial. La diputada del Bloque Carme Adán ha afirmado que el fallo «confirma que la medida era contraria a la legalidad» y demanda hacerlo efectivo en el próximo curso.

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