Plantea si hay que tumbar también el caso de las sanciones de la policía local
28 jun 2014 . Actualizado a las 12:34 h.La magistrada Estela San José, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, dio un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la posible nulidad de actuaciones correspondientes al procedimiento abierto por la presunta retirada irregular de sanciones en la Policía Local de Lugo. Tomó la decisión tras la sentencia de la Audiencia de Lugo que declaró nulas todas las pruebas en una causa similar, relativa a la retirada de multas en la Jefatura de Tráfico. De ese mismo punto arrancaron las investigaciones de este caso. La jueza, en una providencia de 16 páginas, se muestra muy crítica con la decisión adoptada por el alto tribunal lucense y la rebate con más de una veintena de resoluciones del Tribunal Supremo en sentido contrario a la doctrina aplicada en Lugo.
En la providencia da traslado a las partes y al fiscal «a fin de que se pronuncien sobre la posible nulidad de actuaciones y, de así acordarse, poner fin a un procedimiento que, a la luz de la novedosa sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo, parece estar defenestrado de raíz».
En el caso de la presunta retirada irregular de multas impuestas por la Policía Local de Lugo habían sido imputados cerca de 90 agentes de los 140 que forman la plantilla. Las diligencias llevan varios años abiertas.
San José opta por reclamar la decisión de las partes porque el procedimiento también podría ser declarado nulo en caso de que la Audiencia aplicase el mismo criterio empleado para absolver a otras 24 personas imputadas por la retirada de multas en Tráfico. En en el caso la Policía Local, la magistrada debería, a su vez, abrir una pieza separada para posteriormente enviarla al juzgado decano para su reparto, según el criterio del alto tribunal lugués.
Sentencias del Supremo
Ahora bien, la magistrada no comparte en absoluto esos argumentos y se ampara en numerosas sentencias del Supremo. Muchas de ellas dicen que el derecho al denominado juez predeterminado por ley «únicamente puede quedar en entredicho cuando un asunto se sustraiga indebida o injustificadamente al órgano al que la ley lo atribuye para su conocimiento, manipulando el texto de las reglas de distribución de competencias con manifiesta arbitrariedad».