Compostela, tres años en los juzgados

Compostela tendrá tres alcaldes en tres años de mandato, tras la renuncia de Ángel Currás y el próximo acceso al cargo de Agustín Hernández, hecho insólito en la capital de Galicia. La sucesión de dimisiones, desde que en abril del 2012 se produjo la de Gerardo Conde Roa -el regidor elegido en las urnas- tras ser imputado por un delito fiscal, dejará un gobierno irreconocible respecto al que tomó las riendas del Concello el 1 de julio del 2011. Debido a los múltiples líos judiciales en los que el ejecutivo local se ha visto inmerso, han tenido que dimitir once ediles del PP y, si finalmente Currás abandona el pazo de Raxoi tras ceder el bastón de mando y no sigue como concejal de a pie, no quedará ningún imputado en las filas del gobierno, aunque sí uno en la oposición, en el caso de presunta financiación ilegal del PSOE local. Los tres años más turbulentos de la historia democrática de Santiago se inauguraron con la llegada de Gerardo Conde Roa (Padrón, 1959) a la alcaldía. En Santiago era un secreto a voces que el hasta entonces líder de la oposición arrastraba una complicada situación personal y económica, derivada esta de la quiebra de su promotora inmobiliaria, Geslander, arrastrada por la crisis del sector del ladrillo. Sin embargo, era un candidato que podía cumplir las aspiraciones del PP de conseguir el gobierno. Su imputación por no ingresar en Hacienda 291.289 euros de IVA por la compraventa de viviendas le abrió la puerta de salida del Concello el 17 de abril del 2012. Año y medio más tarde, el político que dio al PP la mayoría absoluta y la alcaldía tras cinco lustros de gobiernos socialistas y bipartitos fue condenado a dos años de prisión y al pago de 582.000 euros de multa. Un gobierno roto La sucesión de Conde Roa abrió una profunda brecha en el gobierno local, debido a la división de los trece ediles en dos grupos, el de Currás y el de Paula Prado. El elegido fue Ángel Currás (Trabada, 1954) porque se lo impuso el propio Conde Roa al presidente del PPdeG, Núñez Feijoo, como condición para irse de la alcaldía sin hacer más ruido. El exalcalde pretendía dejar al mando del pazo de Raxoi a un grupo afín, y lo logró pero la ruptura del gobierno no acabaría por recomponerse nunca, ni siquiera con la salida de Paula Prado, que dejó el Concello tras ser reclamada por Feijoo para ocupar la portavocía del partido, cargo al que tuvo que renunciar el pasado miércoles debido a la investigación abierta por la jueza del caso Pokémon, Pilar de Lara, en torno a actuaciones de Prado en su etapa de concejala. La operación Pokémon mantiene al Concello de Santiago en el epicentro de la investigación contra la corrupción desde finales de septiembre del 2012. Además de los indicios de irregularidades, las escuchas telefónicas revelaron las fuertes tensiones internas en el gobierno local. La frase de Paula Prado al todavía jefe de gabinete de Conde Roa en abril del 2012, Ángel Espadas, sobre la sucesión en la alcaldía, retrata la situación: «Si es Currás, nos suicidamos». Rosario de dimisiones Entre políticos y funcionarios, el caso Pokémon dejó un rosario de imputaciones en el Concello de Santiago y sumió a la administración local en una situación de semiparálisis por el temor a responsabilidades en la tramitación de expedientes. Aparte de las imputaciones de Conde Roa y de su sucesor Ángel Currás, este en enero del 2013 por presunto tráfico de influencias, dimitió el concejal Albino Vázquez, pero la imputación que tendría mayores consecuencias fue la de Adrián Varela, edil de Deportes. Su solicitud a la junta de gobierno de que el Concello le pagara su abogado defensor en el caso Pokémon, y la aceptación de los siete ediles que, en ausencia del alcalde Currás y su mano derecha Reyes Leis, formaban dicho órgano el 30 de mayo del 2013, les supuso una condena de nueve años de inhabilitación. Esta sentencia, que el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago hizo pública el lunes de la semana pasada y dio lugar a la dimisión inmediata de los siete ediles, fue la puntilla para el gobierno de Ángel Currás, si bien el alcalde intentó aferrarse al cargo desde ese momento, desoyendo las alusiones directas de Núñez Feijoo y de otros dirigentes de su partido en el sentido de que era necesario abrir una nueva etapa en el PP de Santiago. Las dimisiones de Adrián Varela, que al caso Pokémon sumó un nuevo frente judicial tras ser denunciado por pedir el despido de una trabajadora del grupo concesionario Vendex, y de la edila Rebeca Domínguez, agravaron la situación del alcalde y totalizaron nueve vacantes en los trece escaños del grupo de gobierno. El caso Pokémon le supuso una imputación, pero Currás acumula otra más, tras la denuncia del mando de la policía local José Antonio Carril por presunta prevaricación y acoso moral. Las escuchas ordenadas por la jueza revelaron que el alcalde supuestamente conocía los planes de sus subordinados para relegar a Carril, con una denuncia falsa, como número dos del cuerpo policial. Ambas imputaciones le impedirán a Currás apartarse de los juzgados aun tras dejar la alcaldía.

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