Taín remitió el caso al TSXG, que deberá determinar si existen indicios de delito
06 jun 2014 . Actualizado a las 11:43 h.El baile de denuncias no para en Santiago. Esta vez es el exalcalde popular Gerardo Conde el que denuncia a su antecesor, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, por considerar constitutivos de delito la condonación a la promotora Layetana de pagar el 10 % del aprovechamiento urbanístico -cifrado en 651.000 euros- y por la «inacción» para cobrar el aval depositado por la empresa catalana para responder a las obligaciones derivadas del convenio. Además, en su denuncia Conde Roa habla de un fraude en la concesión de licencias de residencial comunitario para la construcción de apartamentos. La operación urbanística en cuestión se refiere a la finca do Espiño, un enclave que incluye un ruinoso palacete que en la actualidad está proceso de rehabilitación y una zona verde prácticamente integrada en el casco histórico compostelano, en la zona de Galeras.
En un escrito dictado el pasado 21 de mayo que ayer difundió Europa Press, el juez Vázquez Taín indica que el 7 de febrero pasado fue presentada la denuncia, y que el 15 de abril Conde Roa se ratificó en ella, mientras que el 5 de mayo presentó informe el fiscal.
El juez considera «un hecho constatado» que Bugallo goza de aforamiento por ser diputado autonómico, por lo que ve «prudente» que sea el Tribunal Superior de Xustiza el que determine si hay indicios de delito. Las diligencias previas ya han sido recibidas por el TSXG, que ha señalado ya los tres magistrados que analizarán el caso. Sin embargo, el tribunal ha solicitado al juzgado instructor que se subsanen defectos técnicos apreciados, como la falta de firmas del juez y el secretario judicial en las actas.
El proyecto se lanzó en la etapa socialista con la idea inicial de recuperar la construcción original y completarla con viviendas, pero se estancó durante años. En el año que duró Conde Roa en el gobierno local, antes de dimitir por fraude a la Hacienda pública, este reactivó su interés por este enclave, como queda reflejado en conversaciones detectadas por el SVA entre ediles compostelanos en el marco de la operación Pokémon. Concretamente, el 23 de mayo del 2012 el ex edil y asesor popular Ángel Espadas, imputado en el caso, y la ex concejala y parlamentaria Paula Prado aluden a la finca do Espiño.