Una veintena de declaraciones en hora y media y sin apenas preguntas
27 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El tribunal que juzga la trama de las multas de Lugo no obtuvo ayer demasiadas claves de los testigos que declararon en la vista, entre ellos algunos políticos en activo, para dictar la sentencia. Entre quienes ostentan o desempeñaron cargos públicos, ninguno de ellos reconoció que había pedido al Subdelegado, Jesús Otero, el principal imputado, ni en Tráfico, la retirada de sanciones impuestas por la Guardia Civil. El primero en negar que intercediera para ello fue el alcalde de Pol, Lino Rodríguez. Le siguieron la vicepresidenta de la Diputación, Lara Méndez; el exresponsable de Deportes en el bipartito, Eduardo Fernández Abel; el exalcalde de Sarria, Claudio López Garrido; el exsenador Luis Ángel Lago Lage; el exalcalde de Folgoso, José López Fontal; el exdelegado de Medio Ambiente, Eduardo Vidal Baamonde y el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez Núñez.
El regidor de Becerreá aseguró que fue él el que pidió que le impusieran una sanción a un vecino de Nullán, que circulaba por el mercado ganadero de forma indebida. Admitió que recibió a los padres y que les recomendó que fueran a Tráfico, ante su insistencia de que el conductor del vehículo infractor no era su hijo.
Ayer declararon la mitad de los testigos. Muchos de ellos ostentaron inicialmente la condición de imputados por tráfico de influencias. Para hoy están citados otros 27, que empezarán a declarar a las diez de la mañana.
La rapidez con la que se desarrolló la jornada de ayer, con 27 testigos en aproximadamente hora y media, sorprendió incluso al presidente de la sala, quien dijo que la sesión pasaría a la historia porque prácticamente ninguno de los 18 abogados defensores formuló preguntas a los testigos. El único que interrogó a todos fue el fiscal.
Inspector, con alcoholemia
En la sesión de ayer estaban citados varios guardias civiles que firmaron los boletines de denuncia. También lo hicieron algunos conductores sancionados, que reconocieron, en algún caso, que no habían pagado las multas. Negaron que hubieran pedido algún tipo de favor para que se las retiraran. Insistieron en que las habían recurrido y no volvieron a recibir notificación alguna.
Entre los últimos testigos figuró un inspector de la Policía Local, que dio positivo en una prueba de alcoholemia y a quien le impusieron una multa de 600 euros, le suspendieron el permiso y perdió puntos. El agente negó que hubiera pedido trato de favor y justificó que no hubiera recibido nuevas notificaciones en algún fallo de Tráfico.
Otro testigo, un comercial, dijo que lo denunciaron por ir sin cinturón. Aseguró que había ido a Tráfico para interesarse por la sanción y reclamar, pero le comunicaron que no podía hacerlo mientras no le llegara la sanción.
Otro más, un empleado en una empresa de servicios, insistió ante el tribunal que el vehículo al que dicen que le retiraron la multa no es suyo. Es más, dijo que en aquella etapa tenía suscrito un seguro por si se quedaba sin carné, por lo que sería absurdo que pidiera algún tipo de favor.