El desajuste entre el valor real y el fiscal de los pisos obliga a la Xunta a revisar los baremos

Ocurre con casas, fincas y pisos. Muchos gallegos que, pese a la crisis, deciden invertir en bienes inmuebles, se están encontrando con que meses después la Xunta les reclama una cantidad a mayores por el impuesto de transmisiones patrimoniales. La razón es que los compradores llegan a un acuerdo con el vendedor por una determinada cantidad de dinero, adquieren el bien y pagan los impuestos que le corresponderían por esa cifra. Sin embargo, cuando la Xunta revisa la liquidación -y según el sector, de un tiempo a esta parte se revisa todo-, con frecuencia existe un desajuste entre el valor que se le otorga a ese inmueble en la orden de precios medios que la Consellería de Facenda actualiza periódicamente y el que el particular ha abonado por su compra. De este modo, muchos nuevos propietarios que se han hecho con un bien por compra, pero también por herencia o en casos de divorcio, se encuentran con que tienen que abonar una cantidad a mayores que puede ir desde los 2.000 euros hasta incluso los 50.000.

Inmobiliarias, bufetes de abogados especializados en asuntos fiscales y peritos dicen que el tema se agravó en los últimos dos años a raíz del desplome del mercado inmobiliario. Y, pese a que a principios de año entró en vigor una revisión a la baja de la orden de precios, el aluvión de casos continúa. Desde la Consellería de Facenda aseguran que «desde o 1 de xaneiro aplícase unha baixada do 2 % para todos os inmobles e do 10 % para todos os valores rústicos, de maneira que a rebaixa media nos últimos dous anos chega ata o 22 %». Pese a ello, y como los desajustes siguen existiendo, «durante este 2014 procederase de novo a analizar a situación do mercado para determinar se é necesaria unha nova actualización».

Además, desde el departamento autonómico afirman que antes de cerrar la compra, los contribuyentes pueden conocer la valoración del bien, y por tanto «ter a seguridade de que o devandito valor non vai ser obxecto de modificación pola administración». Añaden que la Xunta concede aplazamientos y fraccionamientos a quienes lo necesiten.

Inmobiliarias de toda Galicia se han encontrado con casos de este tipo, con diferencias que cuantifican entre un 25 y un 35 %. «Es algo general, porque revalorizaron todas las zonas, y la gente tiene que pagar, no le queda otra», aseguran desde una de las empresas dedicadas a la compra-venta de pisos. «La Xunta hizo una reordenación con el fin de evitar el fraude fiscal, aunque en realidad las ventas de inmuebles normalmente ya no movían tanto dinero negro, porque se hacían a través de los bancos», explican desde otra agencia. Pero entonces llegó la crisis e invirtió el calcetín. Si antes el valor que se pagaba por los pisos era superior a los valores fiscales, ahora ocurre justo lo contrario, y pese a que la Xunta realiza actualizaciones periódicas con el fin de adaptar la orden de precios medios a la realidad, todo indica que el ajuste no ha sido suficiente.

Nadie escapa, además, del control de la Consellería de Facenda, especialmente desde que se creó la Atriga (Axencia Tributaria de Galicia), que revisa minuciosamente todas las liquidaciones y reclama a los compradores el dinero abonado de menos.

De todos modos, «hay opciones», asegura la abogada Marta Rodríguez Ramos. Muchos afectados han presentado reclamaciones, incluso por vía judicial, y algunos han ganado los procesos emprendidos. Claro que «tiene que ser una cuantía importante, porque si no, no vale la pena. Para la gente de a pie no vale la pena», apostilla la letrada con bufete en Ferrol.

Facenda analizará durante este año la situación del mercado por si hay que hacer ajustes

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