La insumisión contra el «tasazo» de Sogama divide a los concellos críticos

Ya devolvieron la factura 16 alcaldes, mientras otros 13 de PSOE y BNG la abonaron


Santiago / La Voz

Pactaron la estrategia política, pero se dividen a la hora de ejecutarla. La insumisión en el pago del tasazo de Sogama que acordaron los alcaldes críticos para protestar por la subida del 34 % en el canon que la sociedad ambiental cobra a los concellos por la recogida de basura no ha contado con una respuesta unánime. Al contrario. De los 31 concellos donde no gobierna el PP y que ya se han dirigido a Sogama, sobre un total de 97 municipios sin alcalde popular, 16 han devuelto la factura de marzo y 13 la han abonado. Los dos restantes hicieron un pago parcial. Abonaron el recibo, pero sin la subida del 34 %.

Entre los 16 que rechazaron el pago y remitieron de vuelta la primera factura con el tasazo (que eleva de 61,5 a 82,1 euros el coste por tonelada de residuos, IVA incluido), figuran ocho municipios gobernados por el PSOE (Lugo, Becerreá, A Fonsagrada, Cervantes, Navia de Suarna, Piñor, Caldas de Reis y Catoira), siete gestionados por el BNG (Allariz, Monforte, Riotorto, San Sadurniño, A Pobra de Brollón, Zas y Mugardos) y uno con alcalde independiente (Ordes).

Por contra, en la relación de los 13 municipios donde el PP no tiene el bastón de mando y que hasta ahora han pagado la factura de marzo hay nueve con gobiernos del PSOE (Maside, Mesía, Negueira de Muñiz, Monterroso, Oroso, Samos, Paderne, Boimorto y Fornelos de Montes) y cuatro del BNG (Maceda, Poio, Santiso y Arzúa). Los dos concellos críticos que hasta ahora han optado por la solución intermedia de pagar la factura sin la subida son Pontevedra (que gobierna el BNG) y Castroverde (PSOE). En el caso de Pontevedra, su decisión no es novedosa, ya que lleva aplicando esa fórmula desde el 2008. Esto dio lugar a un largo pulso judicial que, tras un fallo del Tribunal Superior de Xustiza que dio la razón a Sogama en octubre, ha llegado al Constitucional por un recurso del Concello.

Y ese puede ser también el destino del conflicto político por la subida del canon. Los alcaldes ya anunciaron que estudiarán denunciar ante el Constitucional en función de la respuesta de Sogama. La empresa mantiene su intención de llevar al juzgado a los insumisos. Además, la Xunta se reserva su potestad legal de detraer los impagos de las ayudas del Fondo de Cooperación Local.

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