La Fiscalía alerta del aumento de los delitos telemáticos con menores

La memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2013 no da cifras, puesto que entiende que los delitos con menores implicados y cometidos o difundidos por vía informática engloban numerosas y diferentes tipologías de infracciones. Pese a ello, la conclusión que ese organismo extrae al analizar la actividad del pasado ejercicio es clara: «Aumenta cada vez más la comisión de delitos por esta vía». La Fiscalía expone que los adolescentes son los primeros en asimilar y usar las nuevas formas de comunicación que surgen a partir de las innovaciones tecnológicas. Esos usos no tienen por qué ser nocivos, pero en ocasiones lo son. De hecho, la memoria destaca que «el mal uso de las redes sociales para difundir a través de ellas amenazas o vejaciones se denuncia de modo generalizado».

Incluso dentro de ese mal empleo de las herramientas informáticas hay grados. La mayoría de las veces, constata el Ministerio Fiscal en su informe, «las conductas cometidas a través de estas redes no son graves», y simplemente son reflejo «de una sociedad que no sabe transmitir a los jóvenes unos valores elementales de aprecio a la intimidad propia y respeto por la ajena».

Para estos casos en los que la inadecuada utilización de las nuevas tecnologías no llega a constituir delito, la Fiscalía recomienda las soluciones extrajudiciales. Una buena respuesta a esos comportamientos, dice, es la que impone a los jóvenes actividades educativas relacionadas con el uso y el abuso de las redes. Y, en este punto, cita como ejemplo las llevadas a cabo por la Fiscalía de Pontevedra.

Cosa bien distinta son actuaciones como la difusión a través de Internet o de la telefonía móvil de imágenes de menores desnudos o con contenido sexual, tal como ha ocurrido en los últimos casos denunciados en Vigo. El informe fiscal destaca que en ocasiones la cesión de esas imágenes es voluntaria, aunque después no se consienta su difusión en la Red.

Al respecto de casos de este tipo, la Fiscalía hace hincapié en la necesidad de aplicar medidas de prevención y, sobre todo, en que los padres deben controlar lo que hacen sus hijos en las plataformas de Internet. Con todo, el ministerio público incide en que ese control parental resulta más difícil al propagarse cada vez más las imágenes a través de teléfonos móviles, muchas veces por medio de aplicaciones de carácter gratuito, fundamentalmente WhatsApp. Es, dice textualmente el informe, un «contrasentido» que «los padres, para que sus hijos dispongan de esa aplicación, accedan a pagar los terminales y la tarifa plana, privándose de la posibilidad de controlar los contenidos a los que sus hijos acceden».

Pero no todo es negativo en este uso indiscriminado de Internet, pues, según destaca el informe de la Fiscalía, cada vez son más los delitos que pueden esclarecerse gracias a la potencialidad difusora de las redes sociales. En efecto, los infractores precisan contar con sus propios perfiles en las redes sociales o de mensajería, de tal manera que sus víctimas pueden aportar con gran frecuencia fotografías de los autores de un determinado hecho tomadas de sus propios perfiles.

Además de ello, el rastro que dejan las operaciones a través del teléfono móvil hace que no resulte difícil seguir la pista de los autores de una infracción. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la niña de trece años de Vigo de la que se distribuyeron fotos desnuda. La petición de datos a WhatsApp por parte de la policía permitió imputar a un exnovio de la chiquilla y a varios compañeros suyos.

La preocupación de la Fiscalía por la relación de los jóvenes y el imparable desarrollo de Internet no es un hecho aislado. El propio Parlamento Europeo, junto al Consejo de la UE, publicó a finales del año 2011 una directiva sobre la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. En este texto alertaba de que la pornografía infantil «está aumentando y extendiéndose con el uso de las nuevas tecnologías e Internet». En consecuencia, proponía a los Estados miembros una serie de medidas contra la publicidad sobre turismo sexual infantil y contra los sitios web que contengan o difundan pornografía con menores.