Operación Pokémon: EE. UU. se negó a tramitar la intervención del correo electrónico del alcalde de Lugo

El Departamento de Justicia pidió a De Lara que sustentara con más pruebas la petición para lograr la orden judicial


Redacción / La Voz

La jueza Pilar de Lara quería averiguar qué escondía la cuenta de Gmail del alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, pero el Gobierno de Estados Unidos se negó a tramitar la intervención del correo electrónico en una respuesta remitida al Ministerio de Justicia el 1 de octubre del año pasado. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE. UU. recibió la comisión rogatoria del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo el 16 de septiembre. En ella se reclamaba una orden para acceder al contenido de la cuenta de Google del alcalde, tanto a los mensajes recibidos como a los remitidos, así como sus archivos adjuntos. También se solicitaban los borradores y los elementos eliminados.

La respuesta a la petición de la jueza, redactada por Mary Ellen Warlow, directora de la oficina, concluye que en aquella fecha no era posible tramitar a través de la Fiscalía la intervención del correo de Orozco, pues la solicitud «no contiene información suficiente para permitir su ejecución».

Warlow recuerda que para acceder a la cuenta es necesario obtener una orden de registro de un tribunal competente y alega que la Justicia estadounidense solo accedería a autorizar la intervención si la petición se presenta como una «causa probable», con motivos fundados de que la cuenta de correo «contiene evidencias de actividades ilícitas». Para ello, alegan, deben presentar en el tribunal «hechos específicos», que además deben ser «relativamente recientes». Hay que demostrar que es probable que las pruebas que se buscan están todavía en el correo del alcalde. «Desgraciadamente», añaden, la petición remitida por el juzgado de Lugo no se atiene a las normas establecidas en Estados Unidos para intervenir cuentas de correo privadas.

La directora de la Oficina de Asuntos Internacionales da entender que la petición de la Justicia española contiene vaguedades con las que nunca se lograría violar la privacidad. En la solicitud se explicaba que López Orozco ha adjudicado contratos de forma ilícita «a cambio de favores, dinero, regalos y empleos», y que estos indicios se materializaron a través de pinchazos telefónicos, testigos y documentos.

También se previene de que las personas investigadas toman muchas precauciones, por lo que «se sospecha» -esta expresión aparece en cursiva en la respuesta de la Administración estadounidense- que «pudo haber utilizado» esta cuenta para estas supuestas actividades ilícitas. Esta «sospecha», aseguran desde EE. UU., no constituye una «base suficiente» para sostener que el correo contiene pruebas de actividad criminal. «¿Por qué las autoridades españolas piensan que Orozco no ha usado su cuenta para asuntos legales y, al contrario, creen que fue utilizada para avanzar en sus actividades ilícitas?», se preguntan. «¿Hay pruebas de ello en los pinchazos telefónicos?», añaden. Si es así, el asunto «debe de ser discutido en detalle» y, además, hay que concretar un período de tiempo para la intervención de correos. Si se aporta esta información adicional, el Gobierno de EE. UU. se compromete a tramitar la solicitud.

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