El gobierno de Ángel Currás lleva dos años y medio intentando, sin conseguirlo, dar sensación de normalidad. Desde el mismo momento en que la operación Pokémon irrumpió en el Concello y Pilar de Lara empezó a cursar imputaciones, el ejecutivo local vive en un estado permanente de desazón, agravado por la fractura del grupo municipal, una guerra interna ahora acallada entre los partidarios de la exedila Paula Prado -también entre la espada y la pared por las revelaciones del sumario- y los de Currás, que mantiene a sus dos lugartenientes, María Pardo y Reyes Leis, como principales apoyos.
Al valorar la situación tras el auto de la Audiencia que confirma que sus siete compañeros se sentarán en el banquillo el día 19, Leis reconoció ayer la dificultad de la situación y que los imputados han considerado la posibilidad de dimitir: «Hay días que cuesta mucho, porque no es fácil ver que tus hijos están oyendo una radio en la que se está hablando de ti como si fueras un delincuente». Acto seguido pidió no «juzgar por un error» administrativo los supuestos logros de tres años de gestión.
Sin embargo, la maquinaria municipal sigue lastrada por un gobierno desprestigiado y al borde del colapso. Los propios funcionarios desconfían de él y, por inseguridad jurídica y temor a posibles responsabilidades, se ralentizan los procedimientos administrativos. Sin embargo, Currás, doblemente imputado, y sus nueve concejales implicados en diversas causas judiciales, tratan de vender imagen de normalidad. Tras cuestionar la actuación judicial en su contra, ahora el ejecutivo local apunta contra la ciudadana que denunció al fiscal el acuerdo de pagar el letrado del imputado Adrián Varela. «Los particulares a veces -dijo Leis- están amparados por otra persona o institución».