Ya solo una decisión política puede librar a los ciudadanos de Santiago del bochorno de ver a siete de sus concejales sentados en el banquillo de los acusados. ¿Va a producirse esta decisión? Alberto Núñez Feijoo tiene la palabra, pero si se reafirma en lo ya anticipado por él hace unas semanas escudándose en un código ético del PPdeG llevado a su extremo, va a ser que no. No lo va a evitar. Se la va a jugar a todo (la inocencia de los siete ediles y a aguantar hasta las municipales del 2015) o nada (que los eche la Justicia y obligue a adoptar medidas de excepción en Santiago nunca vistas hasta ahora en Galicia).
La deriva del gobierno municipal de Santiago no tiene precedentes, acumula imputaciones y reveses judiciales. Diez de sus trece miembros están encausados, tras las dimisiones del alcalde Conde Roa por fraude fiscal y del edil Albino Vázquez por su implicación el caso Pokémon. Desde el minuto uno, Feijoo dejó crecer la bola de nieve, esperando tal vez que las fuerzas del más allá le pusieran freno, pero el pertinaz empeño de sus pupilos por meterse en charcos judiciales, en ocasiones de forma tan gratuita y torpe como estos siete ediles, ha acelerado su huida hacia adelante haciendo oídos sordos a las responsabilidades políticas que, en un clamor, exigen los ciudadanos hartos de corrupción y de incompetencia, o de la suma de ambas, que es lo que en realidad está ocurriendo en la capital de Galicia.
No hay que olvidar que este juicio no es consecuencia de vendetas políticas sino de la denuncia presentada por una ciudadana harta de corrupción y en el ejercicio del más elemental sentido común: ¿Cómo puede ser que un gobierno esté dispuesto a pagar con dinero de todos el abogado de un colega imputado por corrupción? Al margen de que sean declarados inocentes -ojalá, por su bien y por la imagen del Concello- o culpables, esa es la cuestión: que la práctica política dé la espalda al sentido común de los ciudadanos.