El exalcalde, el secretario y la contratada, imputados por el enchufe de Carnota
GALICIA
La jueza remitió al Tribunal Superior de Xustiza la parte del caso que afecta a Marisol Piñeiro, diputada autonómica del PP
06 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La investigación judicial abierta por la contratación de una asesora para el Concello de Carnota que afecta a la diputada autonómica del PP Marisol Piñeiro mantiene implicadas a otras tres personas, que además ya tienen la condición de imputadas. Se trata de José Oreiro, alcalde del PP cuando se produjo el supuesto enchufe; el secretario municipal, y la trabajadora cuyo contrato generó este proceso judicial. La diputada, que era teniente de alcalde de Carnota en el momento de los hechos, está pendiente de la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ya que la jueza de Muros que instruye el caso se inhibió al conocer que Marisol Piñeiro está aforada por su condición de parlamentaria. Ayer, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior aún no había recibido el escrito de la jueza de Muros.
La investigación se inició con una denuncia del actual alcalde, del BNG, contra su antecesor en el cargo por el contrato que le hizo a una mujer, primero como ayudante administrativa en la alcaldía y más tarde para trabajos de urbanismo. En la denuncia solo se acusa de prevaricación al exalcalde. Pero luego la jueza citó también a declarar como imputados a la trabajadora y al secretario municipal.
No fue hasta ahora, que el juzgado de Muros decidió elevar la causa al TSXG tras hallar indicios de ilícito penal en la actitud de la diputada, cuando el BNG hizo público el procedimiento judicial. Para el PP, esto tiene una lectura clara. Lo decía ayer Marisol Piñeiro: «Agora Oreiro non lles interesaba como imputado, así que o que buscaban era vender que eu estaba polo medio». La visión de los nacionalistas es distinta. El alcalde nacionalista de Carnota, Ramón Noceda, aseguró: «Eu só actuei contra o exalcalde. Quen implicou á deputada foi o propio denunciado». Y como muestra, aporta la declaración de Oreiro ante la jueza, en la que dice que fue la parlamentaria la que «propuso» a la trabajadora.
De todas formas, lo que ayer destacó el PP fue la existencia de un informe del Consello Consultivo de Galicia sobre este asunto, un documento hecho a petición del alcalde actual para anular el acuerdo por el que se contrató a la trabajadora. El Consello, cuyo informe en este tipo de casos es vinculante, señala que no está a favor de anular este acto administrativo. Es más, echa por tierra todos y cada uno de los argumentos que el regidor del BNG aporta para defender la revisión de la contratación, desde que no se le dio publicidad y, por tanto, no pudieron acceder otras personas al cargo, a otras cuestiones.
El informe señala algo que para el PP es crucial: «Semella evidente que o que se busca é obviar as consecuencias dunha sentenza confirmatoria da nulidade que obrigaría ao Concello á readmisión inmediata da traballadora e, baixo o pretexto de reparación da legalidade, privaríase da eficacia aos mecanismos constitucionais de protección xurisdicional dos dereitos fundamentais que deben considerarse como prevalentes».
Es decir, le indica al alcalde del BNG que lo que intenta hacer anulando el contrato es sortear una sentencia firme de despido nulo. No en vano, el regidor nacionalista, además de pedir el informe al Consello Consultivo y denunciar a su antecesor, despidió a esta mujer. Y la Justicia le obligó a readmitirla y está trabajando en el Concello.