El TSXG tumba el «nuevo orden» que creó Conde Roa en Santiago

Anula la contratación de un secretario y un interventor afines al PP


Santiago / La Voz

«Esto es un nuevo orden». Así justificaban concejales del PP de Santiago, ante las críticas de PSOE y BNG, la contratación de un nuevo secretario y un interventor afines a los populares, dirigidos entonces por el alcalde Gerardo Conde Roa, que después tuvo que dimitir por defraudar a Hacienda. Los socialistas recurrieron y la Justicia acaba de darles la razón. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado el acuerdo del pleno del 2 de febrero del 2012 por el que se amplió en tres plazas la plantilla municipal para dar cabida a estos dos nuevos altos funcionarios. También se creó una plaza de tesorero, que finalmente no ha sido cubierta, pero que queda igualmente suspendida.

Nada más llegar a la alcaldía, Conde Roa puso de manifiesto que no confiaba en el secretario y en la interventora, a los que en privado acusaba de ser afines al PSOE y de oponerse a sus proyectos. Ese interés por contratar dos nuevos funcionarios más permeables a sus pretensiones queda bien claro en las grabaciones telefónicas de la operación Pokémon, en la que están imputados, entre otros, el exregidor compostelano y su sucesor en el cargo, Ángel Currás.

De hecho, los investigadores de la Pokémon creen que una de las razones que Conde Roa tenía para querer contratar a un nuevo secretario y a un nuevo interventor era lograr que no se opusieran a la aprobación de la ampliación del contrato del servicio municipal de aguas a Aquagest, algo que el exalcalde negó ante la jueza de Lugo que instruye la causa, Pilar de Lara Cifuentes. La magistrada, no obstante, ha permitido al exsecretario, Javier Castiñeira, personarse como acusación particular en el caso porque considera que fue relegado de su cargo por impedir actividades presuntamente delictivas.

El empeño del PP compostelano en quitarse de en medio al secretario y a la interventora queda bien acreditado en esas grabaciones telefónicas en las que hasta los responsables de Aquagest hablan de la importancia que tenía para sus propósitos contar con otras personas en estos puestos directivos del Concello. Así, el gobierno local desoyó los informes negativos de la viceinterventora, la interventora y el secretario y se amparó en los favorables de la jefatura del servicio de Personal y del director xeral de Administración Local de la Xunta para llevar a cabo los nuevos nombramientos.

Sin embargo, el TSXG ha fallado en sentido contrario al director xeral de Administraciones Públicas y concluye que cuando se aprobó el acuerdo ya había entrado en vigor una ley estatal que impedía a las Administraciones públicas la contratación de personal. La sentencia estima «evidente» que «con la ampliación de la plantilla aprobada se está vulnerando dicha norma, porque se ha incrementado la plantilla de personal al figurar tres plazas por cada una de las funciones típicas de los habilitados nacionales donde anteriormente solo había dos [...]. Por tanto, resulta evidente que [...] ha tenido lugar la incorporación de nuevo personal, que es precisamente lo que se prohíbe» en esa ley.

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