La reforma del máximo órgano asesor de Galicia sale adelante en la Cámara autónoma con los votos a favor del PP y del PSOE, la abstención del BNG y el grupo mixto y la única oposición de AGE
23 abr 2014 . Actualizado a las 02:16 h.Después de cuatro meses de tramitación, el Parlamento de Galicia ha aprobado esta mediodía la nueva ley del Consello Consultivo, que modifica otra de 1995. En adelante, ya no será el Gobierno autónomo el que designe a los cinco miembros electivos del citado órgano asesor, sino, al alimón, el Ejecutivo (40 % de los integrantes) y el Legislativo (60 %). Además, el presidente de la institución no lo señalará el titular de la Xunta, como en un principio pretendía el Partido Popular. Al contrario, lo escogerán, de entre ellos mismos, los propios consejeros del ente. Este último, asimismo, extenderá su ámbito de actuación a ayuntamientos y universidades públicas.
Con los votos a favor de los conservadores y socialistas presentes (57), la única oposición de AGE (8) y la abstención de los nacionalistas (7) y la diputada del grupo mixto, el pleno ha respaldado hoy la nueva norma. La representante del BNG en la comisión que ha trabajado en su redacción final, Tareixa Paz, ha destacado los «poucos precedentes» que existen de un consenso similar en la presente legislatura, algo que la de Alternativa Galega de Esquerda, Yolanda Díaz, también ha subrayado, si bien con menor ahínco. La del PSOE, Beatriz Sestayo, incluso ha reclamado extender a otras iniciativas importantes la, en este caso, «excepcional» admisión de enmiendas al articulado original, «que pouco ten que ver co definitivo». «Temos a maioría absoluta, [...] pero sempre a man tendida ao consenso», ha objetado la del PP, Paula Prado.
Loas al margen, la portavoz del Bloque ha afeado que la ley no fije los topes salariales en el Consultivo, así como desacreditado los «elevados» mínimos económicos fijados para la asunción a trámite de reclamaciones patrimoniales (de 15.000 a 30.000 euros). La de AGE, con vehemencia, ha criticado la «censura» que impone esta normativa, al sujetar las declaraciones públicas de sus integrantes a un «excesivo» deber de secreto sobre las deliberaciones del órgano. Además, en una especie de enmienda a la globalidad de la sesión, Díaz ha espetado: «Isto do que estamos a falar aquí, aí fóra, non lle preocupa a ninguén». La del Partido Socialista, por su parte, ha cargado contra el «restritivo» perfil de consejero que fijan las flamantes reglas. Por último, la del PP ha defendido a ultranza una «actualización» del Consello que «non pode ser máis oportuna», con la Administración central impulsando la desaparición de las asesorías de ese tipo en las comunidades.
Despachada la modificación del Consultivo, del pleno de la Cámara ha desaparecido todo atisbo de unión, sin embargo. Con motivo del segundo punto en el orden del día, la oposición ha coincidido en exigir a la Xunta que retire su proyecto de ley de medidas urgentes para la «adaptación» a Galicia de la reciente reforma local de Rajoy. De hecho, ha demandado que recurra esta última ante el Tribunal Constitucional, en lugar de intentar «parchearla» claudicando ante los dictados de Madrid y permitiendo una invasión de competencias.
En el polo opuesto, el vicepresidente del Gabinete Feijoo ha sostenido que la norma redactada por su departamento para enmendar la de Madrid «é un exercizo de autogoberno». Permitirá, ha aducido Alfonso Rueda, «resolver dúbidas» a los ayuntamientos y dejará expedito el camino de los concellos para continuar dando a los ciudadanos servicios básicos en cuya prestación, de otro modo, tendrían que cesar. El debate sobre la totalidad del texto ha quedado zanjado con los sufragios negativos del PP (40 de 73) y los positivos de todos los restantes grupos, con lo cual continuará su tramitación de inmediato.
La guinda a la mañana en O Hórreo la ha puesto la diputada del grupo mixto, Carmen Iglesias, quien, tras cuatro meses en el hemiciclo, se ha estrenado con una iniciativa propia: una proposición de ley para variar la norma que regula la red de apoyo a las mujeres embarazadas, a fin de extenderla también a aquellas que deciden abortar. La propuesta, que no ha obtenido apoyos suficientes para prosperar (33, cinco menos que los precisos), aboga igualmente por que la Xunta regule la objeción de conciencia «perante os dereitos das pacientes».