«Mientras haya autonomías, es lógico que exista un defensor propio en Galicia»

La Voz

GALICIA

06 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

El actual valedor do pobo fue nombrado de forma interina en mayo del 2012 y sigue pendiente de que se renueve su cargo.

-Dígame una razón de peso que justifique la existencia del Valedor do Pobo, en vez del Defensor del Pueblo.

-La principal razón es la eficacia en la resolución de los problemas humanos para los ciudadanos gallegos.

-¿Y esa eficacia no la podría garantizar el defensor estatal?

-No, y pongo un ejemplo: ¿cómo controlaría el defensor estatal el botellón en una villa gallega? Si se tiene que desplazar gente de Madrid para tratar esos temas de calle, el argumento de los costes quedaría invalidado, porque el servicio sería mucho más caro. Y hay otra cosa, mientras el sistema territorial sea el autonómico, es lógico que exista un defensor propio en Galicia, que responda ante el Parlamento autonómico, porque el defensor estatal no puede responder ante ellos, de la misma forma que yo no puedo responder ante las Cortes Generales. Tanto desde el punto de vista pragmático, como desde el jurídico, es lógico tener un ombusdman propio en Galicia.

-Lo que a lo mejor no es tan lógico es que sea interino en el cargo desde hace dos años.

-Es una cuestión que no me preocupa en el día a día. De lo que nos ocupamos es de resolver con normalidad los problemas que nos traen.

-¿Y no afecta a la planificación el no saber si va a estar en el cargo un mes o cinco años?

-En parte sí, es así, pero hacemos planificación igual independientemente de esa situación, porque si lo hacemos nos distraeríamos con asuntos que no nos competen.

-¿La labor del Valedor es contentar más al grupo que lo propone, en su caso el PP, o no enfadar a la oposición?

-Lo que tiene que hacer es actuar con transparencia, independencia e imparcialidad para que los ciudadanos confíen en él y para que los poderes públicos que reciben las recomendaciones las acepten. Así que ni una cosa ni la otra. El valedor es un cargo técnico jurídico que analiza el cumplimiento de los derechos humanos con argumentos jurídicos.