Rechazan el recurso de Currás contra la reapertura del caso del policía que lo denunció

X. M. SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Armando Ojea, de Democracia Ourensana, y el juez Antonio Piña, en una foto que también fue extraída del perfil de Facebook
Armando Ojea, de Democracia Ourensana, y el juez Antonio Piña, en una foto que también fue extraída del perfil de Facebook

El agente lo denunció por prevaricación y acoso por relegarlo de su puesto por, presuntamente, haberse negado a hacer desaparecer una sanción de tráfico contra el jefe de gabinete de Conde Roa

21 mar 2014 . Actualizado a las 17:31 h.

El alcalde de Santiago, Ángel Currás (PP), recibió ayer un nuevo varapalo legal al rechazar la Audiencia Provincial su recurso y el del resto de imputados contra la reapertura del caso del exsubjefe de la Policía Local José Antonio Carril. El agente lo denunció por prevaricación y acoso por relegarlo de su puesto por, presuntamente, haberse negado a hacer desaparecer una sanción de tráfico contra el que era jefe de gabinete del anterior alcalde, Gerardo Conde Roa, que fue sorprendido en su coche ebrio y dormido en un semáforo.

En este caso, además del actual regidor compostelano, están también imputados el que era concejal de Tráfico, Albino Vázquez Aldrey, la excoordinadora de Seguridad del Concello, Mar Hinojosa, y también Ángel Espadas. A todos se los imputa por haber presuntamente ideado un plan encaminado a simular quejas vecinales contra la actuación del policía que permitiesen al gobierno local abrir un expediente que llegó a instruirse y por el que lo sancionaron con un mes de suspensión de empleo y sueldo.

Tras una investigación inicial en la que los implicados y varios testigos tuvieron que declarar en los juzgados, la jueza de Santiago que instruye el caso, Ana López Suevos, decidió archivar la imputación a Currás y el resto de afectados a excepción del exedil de Tráfico, Albino Vázquez.

Sin embargo, como buena parte de los imputados estaban siendo investigados en la operación Pokémon y tenían los teléfonos pinchados, la jueza de Lugo que investiga ese caso envió a su colega compostelana un informe de Aduanas con resúmenes de grabaciones de conversaciones en las que se evidencia la existencia de ese plan para relegar al policía local de su cargo de subjefe.

Los imputados recurrieron aludiendo que las grabaciones fueron ilegales, pero la Audiencia no entra a valorar esta cuestión y advierte que son esenciales para esclarecer el caso.