Renfe y el ADIF se enfrentan por la seguridad del Alvia

La aseguradora de la operadora sale en defensa del juez frente a las acusaciones de la Abogacía del Estado


Redacción / La Voz

Renfe y el ADIF tienen que colaborar a diario en la seguridad ferroviaria, pero en el juzgado del caso Alvia mantienen una escalada de enfrentamiento que ayer se elevó un tono con un escrito de la empresa ferroviaria de viajeros. En él se cuestiona el recurso del ADIF respecto a los estudios de riesgo que solicitó el juez relativos a la desconexión del ERTMS, el sistema más seguro, en el Alvia accidentado en Santiago. En ese recurso, la Abogacía del Estado, además de acusar al magistrado Luis Aláez de emprender una «inquisición general», cargaba sobre Renfe la responsabilidad de haber desconectado el dispositivo que monitoriza la conducción, a pesar de que fue el ADIF el que autorizó, el 23 de junio del 2012, que el equipo embarcado quedara provisionalmente fuera de servicio.

«Es la operadora titular de la autorización (Renfe) a quien corresponde, en su caso, decidir en cuál de las formas (...) van a circular los trenes que opera -aseguraba el ADIF en su recurso-, valorando la conveniencia o no de que circulen sin el ERTMS embarcado (...). Ni siquiera es preceptivo que el ADIF autorice la desconexión sistemática, sin perjuicio de que tal circunstancia deba serle comunicada por la operadora».

El letrado que representa a Renfe en el procedimiento no ha pasado por alto las connotaciones de este párrafo, pues interpreta que el ADIF intenta trasladarle la responsabilidad de la desconexión del sistema más seguro, un aspecto en el que juez ha centrado la investigación en los últimos meses. Sin entrar en una valoración teórica sobre cómo se llevan a cabo estos procesos, simplemente expone lo que sucedió en este caso: primero hubo una petición de Renfe y después una autorización por parte del administrador ferroviario. «La actuación es inequívoca y no existió por parte del ADIF ninguna oposición u óbice a este proceder, ni tan siquiera la más levísima mención a que la actuación debiera ser otra», asegura el abogado. «Huelga cualquier argumento novedoso y teórico que se opone frontalmente a la palmaria realidad», añade.

Para Renfe, no tiene sentido que una decisión relacionada con la seguridad la tome unilateralmente la operadora. «La lógica más elemental impone que dicha decisión debe ser argumentada al responsable de la circulación ferroviaria y este quien la apruebe y autorice».

Defensa de la instrucción

Por otra parte, QBE, la aseguradora de Renfe, salió en defensa de la instrucción que lleva a cabo el juez Luis Aláez, frente a las acusaciones de practicar una «inquisición general» lanzadas desde la Abogacía del Estado. Asegura que las diligencias admitidas -fueron solicitadas por la defensa del maquinista imputado-, «lejos de asimilarse a una indagación general, están perfectamente definidas y concretadas». Y se justifican, alega QBE, «en la necesidad de descubrir todas las circunstancias que rodearon y pudieron contribuir al accidente». Este esclarecimiento de los hechos, para el seguro que contrató Renfe, «ha de ser el interés primordial en el transcurso de las presentes actuaciones». QBE también acusa al ADIF de «eludir» la definición de su estructura organizativa «bajo una evidente opacidad», y cree que es pertinente que entregue toda la documentación que el juez solicita respecto a las evaluaciones de riesgo tras la desconexión del ERTMS, así como las actas del comité de dirección del ADIF y la certificación de si fue informado de la desconexión.

Al contrario de la Abogacía del Estado, la aseguradora defiende que la inutilización del ERTMS conllevaba un cambio en las instalaciones de seguridad y obligaba a una evaluación de riesgos.

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