El juez Aláez ve acortado drásticamente el plazo para seguir al frente del caso Alvia

El Poder Judicial convoca su plaza, y en vez de continuar un plazo máximo de seis meses con la causa podría dejarla en solo dos


Redacción / La Voz

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció ayer la salida a concurso de la plaza del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, donde el juez Luis Aláez instruye el caso Alvia de forma interina, pues hace algo menos de tres semanas el CGPJ le otorgó la plaza a la que aspiraba en el Juzgado de lo Penal número 1 de Compostela. Una vez obtenida la titularidad del otro juzgado, el propio magistrado solicitó al Poder Judicial continuar con la investigación del accidente ferroviario de Santiago hasta que otro titular se hiciera cargo de la plaza del juzgado donde se instruye esta causa. Este período de transición fue aceptado por el gobierno de los jueces, pues se evitaba el nombramiento de un tercer juez interino, pero los plazos que se manejaban en un principio se han cortado drásticamente con la súbita convocatoria de un nuevo concurso de traslado cuando solo hacía veinte días que se había resuelto el anterior.

Así, el CGPJ anunciaba la convocatoria de 64 plazas, de las que 44 corresponden a vacantes resultantes del anterior concurso, entre ellas la del Juzgado de Instrucción número 3 que ocupa Aláez. El resto corresponden a fallecimientos, excedencias voluntarias o jubilaciones.

Fuentes jurídicas y letrados presentes en la causa situaban la convocatoria de este concurso en junio, y su resolución, después de las vacaciones de verano. En el propio entorno del juez aseguran que trabajaba con la idea de poder seguir al frente de la investigación judicial al menos hasta bien entrado el verano. De hecho, lo máximo que podía permanecer en la plaza que ocupaba de forma interina eran seis meses. La decisión del CGPJ acorta sensiblemente este período y lo deja en un mínimo de dos meses, el plazo en el que fue resuelto el concurso anterior.

Este nuevo escenario arroja muchas dudas sobre el objetivo de que el juez deje encarrilada la instrucción y pone en peligro su intención, nunca ocultada en los autos, de imputar de nuevo a cargos del ADIF por el accidente que costó la vida a 79 personas. El informe preliminar de los peritos que podría sustentar estas imputaciones estará sobre su mesa dentro de un mes, así que los plazos para dar este giro a la instrucción judicial son muy ajustados. El presidente del Tribunal Superior, Miguel Ángel Cadenas, dijo ayer que era «deseable» el dictamen pericial pudiera emitirse «a corto plazo», informa José Manuel Pan.

El ADIF, por su parte, tampoco ha ocultado nunca su rechazo a la forma de llevar la instrucción de este magistrado. La Abogacía del Estado le ha acusado de promover una causa general, incluso una «inquisición», sobre el administrador ferroviario. También le ha reprochado un cierto seguidismo de la estrategia de Manuel Prieto, el abogado del maquinista.

Defensa del maquinista

Precisamente la defensa de Francisco José Garzón Amo considera que hay un intento de obstruir la investigación judicial por parte del ADIF. En un escrito contra el recurso de la Abogacía del Estado con el que se cuestiona la entrega de cierta documentación, incluidos los estudios de riesgo que debieron preceder a la desconexión del ERTMS en el Alvia, el letrado acusa al ADIF de «enredar» y de no seguir la consigna de la ministra de Fomento de colaborar con la Justicia.

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