Las comunidades con menor capacidad fiscal esgrimen junto a Galicia la vejez de su censo, su dispersión, la orografía y hasta el retraso histórico para lograr más financiación estatal
15 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Zonas del medio rural de Teruel tienen la misma densidad de población que Laponia, siete habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que de media en todo el Estado se cuenta en el mismo espacio a 92 personas. Los mayores de 75 años consumen en Castilla y León un tercio de los recursos sanitarios de la comunidad, pese a que solo suman el 13 % de su censo. Los servicios básicos se disparan en Galicia para llegar a los habitantes de los más de 30.000 núcleos de población habitados, la mitad de los que hay en España. Y en Cantabria, más de un cuarto de sus residentes se agrupan en pueblos de menos de cinco mil vecinos.
Aparentemente son circunstancias inconexas y dispares, pero todos estos ejemplos y otros a mayores han sido remitidos en los últimos días al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que no tenga la tentación de primar en el nuevo modelo de financiación autonómica ni a los territorios con más volumen de población, ni a los que más recaudan, precisamente porque cuentan con un censo mayor.
Frente a los tres grandes
Algunas de las autonomías más pobres fiscalmente (Galicia, las dos Castillas, Asturias, Extremadura, Aragón y La Rioja) tratan de hacer ver a Mariano Rajoy que el dinero que les asigna la Administración central no les llega para costear los tres pilares básicos: educación, sanidad y servicios sociales. Dichas comunidades ya han representado hasta en dos frentes este año su controlada beligerancia ante las grandes autonomías para dejar claro que reclaman espacio en el debate de la financiación, y que no están dispuestas a que Cataluña saque tajada de la tensión territorial; que Madrid haga valer su mayor aportación a la caja común, o que Andalucía imponga el peso de la población por encima de otras consideraciones.
La dispersión poblacional, su consecuente baja densidad, la extensión del territorio, y el avejentamiento del censo son los criterios que los territorios más pobres esgrimen en la nueva discusión sobre la financiación. Pero la demanda entre ellos tampoco es simétrica.
El informe enviado por la Xunta a Montoro advierte de que para Galicia el modelo de financiación autonómica aprobado por Zapatero es insuficiente. «Galicia non saíu beneficiada co actual sistema, e isto provocou que os recursos do sistema non cheguen para financiar a suma de sanidade, educación e servizos sociais», se hace constar en el análisis de la Xunta. Para Facenda, «non están ponderados de forma suficiente» ni la alta edad de la población, ni su dispersión, «mentres se prima o criterio de poboación real», aludiendo así a los beneficiados en el reparto, como Madrid, Cataluña o Andalucía, pero sin citarlas.
Extremadura apunta a Galicia
Sí cita en cambio Extremadura a Galicia en su particular versión de las balanzas fiscales (lo que se aporta fiscalmente a la caja común frente a lo que se recibe) para indicar que la comunidad gallega es la quinta que más fondos recibe, detalle que hace que el propio PPdeG considere que «o actual sistema non prexudica en exceso a Galicia», pese a que en la financiación por habitante se baje hasta el undécimo puesto en el ránking.
Extremadura, en todo caso, se apunta al frente autonómico gallego, pero añade en su carta a Montoro costes como el déficit en infraestructuras o su alto nivel de paro como circunstancias a valorar económicamente también.
Competencias sin fondos
Castilla y León, comunidad gobernada igualmente por el PP, mantiene que la financiación que recibe no cubre el 20 % de sus competencias. La Consejería de Hacienda cita incluso los servicios que se se mantienen sin dinero destinado desde Madrid: prevención de incendios, conservación del patrimonio, mantenimiento de carreteras y la ordenación de la agricultura y ganadería. «El sistema actual ha sido incapaz de cumplir el precepto constitucional de garantizar la suficiencia financiera de la comunidad en el ejercicio de sus competencias», apuntan desde la consejería.
Los Gobiernos de las dos Castillas coinciden en advertir que el modelo de reparto se efectúa en un 97 % en función de factores relacionados con la población (número primero y edad después) mientras que el territorio apenas cotiza, lo que les hace sentir una pérdida de peso en la valoración final, en la que creen que no se valora que tengan que tener un tercio más de médicos de familia que la media estatal, o que los enfermos tengan que recorrer tres kilómetros más hasta el centro de salud que el español tipo por la extensión de su territorio.
Un 0,6 % por la dispersión
Para el Gobierno de Aragón esa distancia territorial debe de ser un factor de valoración clave, «pero se da un peso muy reducido a la superficie, que recibe una ponderación del 1,8 % en la cuantificación de las necesidades de gasto, y la dispersión un 0,6», recalca la Hacienda maña. En su carta a Montoro advierte como injusto que el coste de educación, sanidad y servicios sociales se decida en un 96 % en función de la población a proteger y el resto solo por territorio.
El Principado de Asturias es de las autonomías que más acento ponen en que no se caiga en repartir los fondos del Estado en función de la capacidad económica de sus residentes, al tiempo que reclama que la aplicación de la ley de la dependencia se incluya con fondos en el nuevo sistema, así como la obligada asunción de servicios hasta ahora prestados por los ayuntamientos y que a estos se les ha liberado para restarles un lastre más a sus arcas.
El Ejecutivo de Cantabria, que asume las demandas de todas las autonomías temerosas de que las grandes se lleven la mayor parte de la tarta, pone encima de la mesa también su condición orográfica, circunstancia que asegura en su informe a Montoro, le obliga, por ejemplo, a contar con un 20 % más de profesores por alumnos que la media del conjunto de las comunidades autónomas.