El patronato de la Ciudad de la Cultura formaliza el plan para pararla
05 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El patronato de la Fundación Cidade da Cultura, que componen 13 altos cargos y 3 representantes del capital privado, avaló ayer el plan del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, para cancelar las obras pendientes de realizar en el complejo, una medida que redundará en un ahorro para las arcas de la comunidad de más de 150 millones de euros. ¿Hubo unanimidad? Sorprendentemente, no. El actual alcalde de Santiago, Ángel Currás, se quedó solo en esa reunión al votar en contra de la hoja de ruta propuesta por el máximo responsable de su partido, el PPdeG, para terminar con el delirio del Gaiás.
Aprobada por el Gobierno autónomo el pasado 13 de febrero, la iniciativa consiste en rescindir, sin indemnización, los contratos firmados con OHL, Acciona Infraestructuras y Copasa para la construcción de la parte del proyecto de Peter Eisenman no ejecutada: sobre un global de seis, dos edificios que, en la última de sus nueve redefiniciones, habían sido bautizados como Teatro da Música y Centro de Arte Internacional. Su coste conjunto de levantamiento ascendía a 112.851.617 euros, mientras que los posteriores gastos de urbanización y equipamiento interior hubiesen elevado la factura en, como mínimo, otros 40 millones, a sumar todos ellos a los 291 ya enterrados en aquel monte a las afueras de Santiago.
Dichos inmuebles habían sido encargados a las tres empresas referidas en el verano del 2005 por la Administración Fraga, a pesar de que esta última se encontraba ya en funciones, tras haber perdido el PP la mayoría absoluta en las elecciones gallegas del 19 de junio. Por aquel entonces, la Consellería de Cultura la ocupaba Jesús Pérez Varela, y la gerencia de la Fundación Cidade da Cultura, el ahora regidor compostelano. Currás, quien a los dos meses fue destituido, llevaba al frente de ese organismo desde su creación, a comienzos de la década. O sea, lo dirigió justo en la etapa donde se gestó el mayor dispendio de dinero público en la historia de la autonomía. Los dos contratos que en breve se van a liquidar llevan su rúbrica.
En virtud del acuerdo adoptado ayer por el patronato, la hoy gerente de la gestora del Gaiás, Beatriz González Loroño, queda facultada para formalizar con directivos de OHL, Acciona y Copasa la cancelación de los compromisos adquiridos en el 2005. De momento, según fuentes oficiales, no hay fecha fijada para la suscripción de ese pacto.
El documento establece que, como contrapartida por renunciar al beneficio industrial (cinco millones), las compañías tendrán hasta finales del 2014 para decidir si, en exclusiva con sus fondos, quieren obrar sobre las parcelas sin destino para construir algún tipo de infraestructura que luego explotarían a su riesgo y ventura durante hasta 35 años en régimen de concesión. Lo que ejecutasen debería adecuarse a la arquitectura y a los contenidos del entorno.
Una decisión que apoyó el Parlamento
La cancelación de las obras del Gaiás se produce 13 años después de que diesen comienzo. Por entonces, la Xunta prometió que durarían 36 meses a lo sumo y costarían al erario, como máximo, 108 millones. El plazo de ejecución ya se ha cuadruplicado de largo, y el presupuesto tope, casi triplicado. Una risa.
La resolución de contratos llega después de que el Parlamento, a instancias del BNG, así la demandase. La liquidación, votada en marzo del 2013, obtuvo el respaldo de PP, AGE y Bloque: 57 votos contra 18 abstenciones del PSOE, que justificó su postura aduciendo que la indemnización sería inasumible, un argumento hoy inválido ya, dada la renuncia de las constructoras a esos ingresos. Al contrario que Currás ayer, allí avalaron el fin del delirio diputados santiagueses como Paula Prado, Xabier Ron y Ana Pontón.