Catorce de ellos, investigados en las operaciones Pokémon, Pikachu y Patos, pertenencen a las corporaciones de Lugo, Ourense, Santiago y A Coruña
23 feb 2014 . Actualizado a las 16:50 h.Pokémon, Orquesta, Patos, Rey o Muralla son algunos de los términos que se han hecho familiares para los gallegos en cuanto un puñado de jueces han decidido escarbar en la trastienda política de la comunidad. Las investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas del orden y por los juzgados a lo largo de los últimos meses han comprometido a más de 80 cargos políticos gallegos en una veintena de causas que tienen como trasfondo, en casi todos los casos, la corrupción o las irregularidades administrativas.
El caso Pokémon y su ramificación coruñesa, con nombre también de dibujo animado -Pikachu-, han hecho temblar durante los últimos meses los cimientos de cuatro de las siete grandes ciudades gallegas. Lugo, Ourense, Santiago y A Coruña suman catorce cargos políticos imputados por esta operación que dirige la jueza de Lugo Pilar de Lara. En Ourense están imputados el exalcalde socialista Francisco Rodríguez y el exconcejal Fernando Varela (BNG); en Lugo, lo están el alcalde, Xosé López Orozco (PSOE), y Francisco Fernández Liñares, exconcejal socialista. En Santiago, la jueza De Lara ha imputado al exalcalde Gerardo Conde Roa (PP), al actual regidor, el también popular Ángel Currás, y a los concejales Rebeca Domínguez y Adrián Varela, ambos del PP, a los exediles Albino Vázquez Aldrey y Ángel Espadas, también del PP, y a Bernardino Rama, concejal socialista. En A Coruña, la última ciudad tocada por la Pokémon, están imputados el teniente de alcalde Julio Flores (PP) y el concejal socialista José Nogueira.
Pero esta operación contra la corrupción ha ido más allá y ha tocado a otros concellos. Con la trama Pokémon se ha relacionado también al alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes (PP), a Adolfo Gacio, exalcalde de Boqueixón (PP), a José Antonio Vigo Lago, alcalde de Valdoviño, también bajo las siglas populares, y a Silvia Marín, concejala independiente de Ordes. En total, 17 cargos y antiguos cargos políticos se han visto salpicados por esta operación que cuenta ya con más de un centenar de imputados.
Vinculada a la Pokémon está la imputación de otros siete concejales del PP en la corporación de Santiago por haber aprobado en mayo, en junta de gobierno, que el Concello asumiera los gastos que ocasionaría la defensa del concejal Adrián Varela, imputado en la Pokémon.
Otra jueza de Lugo, Estela San José, investiga una trama para sacar multas de tráfico en la que serán juzgadas 24 personas. También hay políticos implicados en esta macrooperación. Se trata de Jesús Otero, subdelegado del Gobierno en el mandato del PSOE, que dimitió; el diputado autonómico del PP José Manuel Val; el exdelegado en Lugo de la Consellería de Cultura, Xoán Xosé Molina (BNG); el exdiputado autonómico socialista Miguel Ángel Fernández; el alcalde de Muras, Issam Alnagm (PP); el de Pedrafita, José Luis Raposo (PSOE); el exalcalde de Meira, Antonio de Dios (Independientes-PSOE); y tres concejales y exconcejales de Lugo, Sarria y Quiroga. El caso está pendiente de juicio y el fiscal pide siete años de cárcel para el exsubdelegado del Gobierno y penas de menos de dos años para los demás políticos implicados.
La operación Orquesta, impulsada por una jueza de Corcubión, desmanteló una supuesta trama para cobrar comisiones a cambio de adjudicar obras de manera irregular. La instrucción se cerró en abril con 26 imputados, entre ellos tres alcaldes, el de Fisterra, José Manuel Traba (PP); el de Mazaricos, José Manuel Santos (PP); y el de Corcubión, Francisco Javier Lema (PSOE), además del exregidor independiente de Cee y ahora concejal, Ramón Vigo.
Al margen de grandes operaciones, los expresidentes de tres diputaciones están también imputados. El ourensano José Luis Baltar (PP), por prevaricación. Al de Lugo, Francisco Cacharro (PP), se le implica en la operación Muralla.
Asuntos urbanísticos, contrataciones, delitos electorales e incluso contrabando de tabaco son algunos cargos que han llevado ante el juez a ochenta políticos gallegos que han ocupado cargos públicos bajo las siglas del PP, del PSOE, del BNG y de formaciones independientes. Y varios han sido condenados. Otros están en distintas fases procesales y deben considerarse todavía inocentes. Las consecuencias de sus imputaciones son también dispares. Algunos siguen en sus cargos pese a haber sido imputados; otros han dimitido y abandonado la primera línea política.
Esta información ha sido elaborada con la colaboración de Xosé Carreira, Xosé Ameixeiras, Francisco Varela, Ruth Novoa, Cándida Andaluz, Mar Balseiro y Xurxo Melchor.