El juez acusa al ADIF de arriesgar la vida de miles de personas en Angrois por razones comerciales

Llama a declarar como testigos al jefe de maquinistas que dio el aviso de peligro y a dos cargos que recibieron el correo


El juez del caso Alvia emitió hoy un durísimo auto en el que acusa al ADIF de un «importante aumento del riesgo para la vida de los cientos o miles de personas» que circularon por el tramo del accidente tras la decisión de reducir las prestaciones de la alta velocidad en esta zona, donde finalmente murieron 79 personas. Este «regateo en seguridad», asegura el magistrado Luis Aláez, obedece a la decisión de modificar el ancho de la vía «tomada supuestamente por motivos comerciales o productivos», pues favorecía el ahorro de tiempo al no tener que recurrir a los intercambiadores de ancho, que dejarían sin efecto la mejora en tiempos de la nueva línea de alta velocidad Santiago-Ourense.

Esta decisión, tomada en el 2010, presuntamente ha supuesto el «quebrantamiento por aquéllos [el ADIF] de su deber primordial de velar por la seguridad de los usuarios de la línea para primar intereses puramente comerciales, lo que no podría considerarse socialmente tolerable».

Aláez considera que desde los momentos iniciales de la investigación esta decisión se vio como «sospechosa de una imprudencia punible». Aunque en el auto no decreta nuevas imputaciones, vuelve a apuntar a los miembros del consejo de administración del ADIF como eventuales responsables. Concluye además que esta decisión no justificaría el incremento del riesgo, «ya que presumiblemente la única utilidad que obtuvo la sociedad con aquella decisión ha sido el ahorro de unos minutos de viaje». La existencia «indudable» de una conducta negligente o meramente descuidada por parte del maquinista no excluye, por tanto, «la responsabilidad de los garantes de la seguridad en la circulación», alega.

Además, el juez ve importante para la causa el aviso de peligro del jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, al que llama a declarar como testigo el próximo 7 de marzo. También a dos de los altos cargos que recibieron el informe sobre la falta de seguridad en Angrois: Ángel Lluch Perales y José Luis Rodríguez Vilariño.

ADIF, según recoge la agencia EFE, ha mostrado su respeto ante el auto y ha insistido en que la compañía «respeta, acata y asume» cualquier acto judicial y accederá a toda solicitud de información o documentación que le sea requerida por el juzgado. El departamento jurídico del gestor de infraestructuras ferroviarias todavía no ha analizado con detalle el auto del juez para decidir si procede el recurso u otra decisión.

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