La Xunta reduce modificados de obra tras pagar sobrecostes millonarios
09 feb 2014 . Actualizado a las 02:49 h.El conflicto creado por el sobrecoste de 1.188 millones que la constructora Sacyr reclama en la ampliación del canal de Panamá ha reavivado el debate sobre uno de los aspectos de la adjudicación de obra pública que más preocupa a las Administraciones: los modificados que disparan el coste final de los proyectos. Lo que para la adjudicatarias es un daño colateral imprevisible para los gestores públicos responde, en algunos casos, a prácticas legales pero abusivas. También en Galicia.
Las distorsiones presupuestarias que provocan no son, desde luego, un problema menor. En la legislatura anterior al estallido de la crisis (la que gestionó el bipartito entre el 2005 y el 2009), esos trabajos complementarios incrementaron en 133 millones el coste de los proyectos que la Xunta había adjudicado por 923. El problema se ha corregido, en buena medida porque el volumen de contratación de obra pública es ahora mucho menor, aunque también por los controles introducidos por el Gobierno autónomo para reducir esas desviaciones de gasto. Las cautelas para mejorar la eficiencia en la construcción se han incorporado al propio proceso de adjudicación. Como resultado de esas medidas, los incrementos de coste han pasado de encarecer los proyectos autonómicos hasta un promedio del 19 % a ajustarse plenamente al presupuesto adjudicado.
Obras que duplicaron su coste
La Administración gallega aprendió de casos que acarrearon facturas muy gravosas, que casi duplicaron el importe comprometido. Uno de los más sangrantes en términos relativos fue el acondicionamiento de la carretera AC-181, entre Arillo y Oleiros. La Xunta adjudicó las obras por 630.000 euros, pero los modificados posteriores de la constructora elevaron su coste final en 531.443. Los trabajos le costaron a las arcas públicas un 84,4 % más del importe por el que fueron adjudicados a la empresa. Aunque con un impacto proporcionalmente menor, la mejora del vial LU-651 en el tramo que comunica Quiroga con el Alto do Boi tuvo un sobrecoste para la Administración gallega de 2,7 millones de euros en actuaciones complementarias. La obra que se adjudicó por 5,52 millones dio lugar a una factura final de 8,3, un 51,5 % más de lo estipulado en contrato. Por la ronda este de Lugo la Xunta abonó 7,63 millones, cuando la había adjudicado por 5,2.
La variante de Vilagarcía, con un importe de adjudicación de 13,27 millones, tuvo un sobrecoste del 51 %. Es decir, la Administración gallega pagó 6,5 millones en modificados o trabajos complementarios que no estaban previstos en el contrato. Y en la autovía libre de peaje AG-53, en el trazado entre el enlace de Cea y la A-52 (salvo los viaductos sobre los ríos Barbantiño y Miño), los 33,52 millones del coste de adjudicación se dispararon hasta un 49 %.
Este desbarajuste llevó a la Xunta a adoptar medidas en la legislatura pasada. La nueva estrategia llegó precedida de la controversia política en torno al fallido segundo intento de licitación de la autovía de la Costa da Morte. Tras anular el proyecto que en el 2005 había aprobado el Gobierno de Fraga en funciones, el bipartito licitó la obra como vía de alta capacidad en el 2007. Aunque presupuestó 932 millones para el trazado Carballo-Berdoias, la UTE adjudicataria se comprometió a ejecutarlo por 476. Tras varias prórrogas para presentar el plan financiero, esa unión de empresas solicitó al primer Gobierno de Feijoo, en agosto del 2009, la rescisión del contrato. ¿El motivo? La UTE no consiguió liquidez para construir por casi la mitad de su coste estimado una infraestructura que, más de cuatro años después, todavía no tiene asegurada la financiación.
Fue un episodio determinante para que la Administración autonómica afinara la regulación de lo que se conoce como bajas temerarias. La Xunta adoptó varias decisiones. Modificó los pliegos de la cláusulas de los concursos para incorporar una regulación y una metodología más precisas. El propósito era realizar un mejor control de las bajas que incluían valores que podían considerarse anormales o desproporcionados. Además, apostó por un seguimiento más exhaustivo de cada fase de los trabajos, para reducir las desviaciones presupuestarias.
Indicadores de ahorro
La Xunta trasladó esta estrategia al propio contrato de gestión de la Axencia Galega de Infraestruturas, que está obligada a precisar en todas las actuaciones el porcentaje de reducción de las incidencias presupuestarias positivas, es decir, de las que dan lugar a sobrecostes. «É un indicador de eficiencia, de aforro, xa que mide a adecuación entre os servizos realizados ou prestados e os recursos empregados para a súa producción», explican desde la Axencia. En el 2012, el órgano que aglutina las competencias sobre obra pública cumplió con el objetivo de reducir un 20 % esas incidencias.
Estos controles propiciaron una bajada drástica de los modificados de obra que inflaban los presupuestos de adjudicación. De un sobrecoste medio del 17 % en las actuaciones ejecutadas en el 2008 se pasó al 7,3 en el 2009 y al 2,5 en el 2010. Desde entonces, los gastos adicionales en actuaciones complementarias son inexistentes. Este avance no se explica sin la crisis que ha desplazado el gasto del cemento hacia los servicios básicos. El importe de la obra pública licitada en el 2013 por la Xunta fue de 164 millones, frente a 578 movilizados en el 2008.
¿Y no prueba ese ajuste que existió un abuso de estas prácticas? La Axencia de Infraestruturas recuerda que el modificado es una figura prevista en la Ley de Contratos, que obliga a que sea justificado. Eso sí, antes había menos exigencia con ofertas que no llegaban para ejecutar toda la obra. Galicia pagaba.