La jueza De Lara implica a alcaldes, concejales, funcionarios y empresarios
06 feb 2014 . Actualizado a las 12:28 h.«Si soy inocente, ¿por qué voy a dimitir?». El alcalde de Lugo, Xosé López Orozco (PSOE), se defiende con esa firmeza de las acusaciones que se le atribuyen en el marco de la operación Pokémon, una investigación iniciada en el 2011 contra la mayor red de supuesta corrupción de Galicia, en la que hay un centenar de imputados. La jueza «me hizo preguntas basadas en conjeturas», alega Julio Flores (PP), número dos del alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, al resumir el interrogatorio de Pilar de Lara, instructora del caso. «Todo se limita a chascarrillos telefónicos», asegura Francisco Rodríguez (PSOE), detenido cuando aún era alcalde de Ourense. «Se houbo algún tipo de concerto niso, dende logo foi sen o meu coñecemento e, por suposto, sen o meu consentemento», dice el regidor de Santiago, Ángel Currás (PP), de las supuestas irregularidades en la adjudicación de una guardería.
Son los implicados con más relevancia pública en la investigación que está removiendo los cimientos de la Administración local de Galicia y que deja al descubierto la existencia de una supuesta red de favores, clientelismo, sobornos y tráfico de influencias en ayuntamientos en las que además de los alcaldes aparecen implicados concejales, funcionarios y directivos de empresas especializadas en prestar servicios a los municipios.
-«Aquí está la señora que manda el alcalde».
-«Vale, pues que empiece ya, que la lleven al sitio y que empiece ya, mañana a la mañana».
Conversaciones telefónicas como esa, interceptada por Vigilancia Aduanera al representante de Vendex en Ourense, ponen de manifiesto la impunidad con la que se manejan algunos concellos. Incluso intentando, supuestamente, apartar al secretario y al interventor, únicos fiscalizadores de la gestión municipal. Eso atribuye un directivo de Vendex a Conde Roa (PP), entonces alcalde de Santiago, en otra conversación grabada.
Es la «corrupción parroquial», la más cercana, como la definió el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en su intervención ante el Parlamento de Galicia. En la Administración local es donde menos controles existen. La Fiscalía ya había propuesto la creación de un órgano que fiscalice la gestión municipal con un plan de prevención de riesgos de gestión. Un informe de la Fiscalía referido expresamente a la corrupción identifica la incoación de 152 delitos, entre los que destacan, por este orden, los de prevaricación administrativa, malversación, tráfico de influencias, soborno y blanqueo de capitales. Como los que se atribuyen a los imputados de la Pokémon.