Una ley sanitaria para reducir esperas mientras crece el copago

El Sergas tiene un arduo trabajo para bajar la demora de las operaciones

La Voz

Tras publicarse en el Diario Oficial de Galicia, la comunidad gallega contará en apenas dos meses con una nueva ley sobre prestaciones sanitarias, pese a que aún falta el desarrollo normativo que permita su aplicación en el día a día. Fundamentalmente, la legislación quiere dar garantías al ciudadano, tanto para operarse como para acudir a un especialista, realizar una prueba diagnóstica, elegir el centro en el que quiere ser intervenido o tener derecho a una segunda opinión. ¿Era necesaria? Como casi todo, es discutible.

Galicia ya tiene normas que regulan el tiempo máximo que los pacientes pueden estar en la lista de espera. Y no se cumplen. Existe un decreto gallego del año 2005 que fija una espera máxima de 180 días para una intervención quirúrgica, seis meses, pero hay un millar de pacientes que superan el año de demora. Posteriormente, el Gobierno de Zapatero aprobó, a nivel estatal, un real decreto con los mismos plazos, pero concretando las cirugías a las que se aplican. Todo esto con un importante matiz, si se supera el tiempo máximo y el paciente rechaza ser derivado a un centro concertado, se pierde el derecho a esta espera máxima.

En función de los criterios

La ley que se publicó esta semana en el DOG y que fue aprobada recientemente por el Parlamento de Galicia señala que el paciente no esperará más de 60 días para una intervención quirúrgica -excluyendo como es lógico la actividad urgente-, en los casos en los que se cumplan los siguientes criterios: por un lado atendiendo a la gravedad de las patologías, tanto porque originen riesgo de muerte o discapacidad como si disminuyen de forma importante la calidad de vida del paciente; otro de los criterios será la efectividad de la atención, es decir, que la intervención aumente la supervivencia o disminuya la discapacidad; y finalmente en base a motivos de oportunidad, cuando una atención temprana frene la progresión de la enfermedad o sus secuelas.

La aplicación de esta ley choca -porque necesitaría una importante inyección de recursos económicos y humanos para cumplirse- con la actual crisis y las medidas que se toman para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. El Gobierno gallego se compromete a menos esperas, lo que debiera ir acompañado de más personal, pero se jubila a los médicos mayores de 65 años sin cubrir muchas veces sus vacantes. El pasado 26 de diciembre la coalición sindical médica CESM-O?Mega envió una carta contundente a la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, en la que avecina una «marea blanca... al prolongar con su inoperancia un conflicto que ni el médico ni el resto del personal sanitario desea».

Centros concertados

La ley garantiza al paciente que si se superan los 60 días se le ofrecerá un hospital concertado para operarse, o en caso de no ser así incluso podrá acudir a un centro privado y el Sergas deberá costear la factura, al tiempo que es inminente la entrada de un nuevo copago en la farmacia hospitalaria, que se suma al de los pensionistas que comenzó en julio del 2012, y a los de prótesis, ambulancias y productos dietoterápicos, que en principio está previsto que se apliquen a lo largo de este año.

El Sergas tiene por lo tanto una tarea difícil para lograr reducir la demora de las cirugías a 60 días como máximo, a no ser que en su desarrollo posterior limite las patologías a las que se dirige la norma a las que ya se intervienen en ese plazo.

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