Archivada una de las causas contra el exdiputado Cobián por tráfico de influencias

Mario Beramendi Álvarez
Mario BERAMENDI SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

El juez también sobresee provisionalmente las imputaciones contra cargos de la Xunta por supuesto amaño de contratos

26 dic 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Al igual que el exministro socialista José Blanco, el exdiputado autonómico del PP Pablo Cobián ha ganado parte de la batalla contra las acusaciones del empresario lucense Jorge Dorribo, cerebro de la operación Campeón, en una de las causas abiertas contra él por tráfico de influencias. Ulises Bértolo, abogado del político popular de Oleiros, ha asegurado que el sobreseimiento de una causa contra su cliente obedece «a la inexistencia de indicios contra él» como demuestra, sostiene, el hecho de que ni siquiera la jueza considerase tomarle nuevas declaraciones como imputado. La pieza que se acaba de archivar fue remitida al Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago por Estela San José para determinar si el exdiputado pudo valerse de sus contactos y sus influencias para favorecer en la concesión de obras de la Xunta a los empresarios Carlos Monjero y Javier Rodríguez, imputados en el caso Campeón.

Este sobreseimiento también acarrea que quede archivada la causa contra Ethel Vázquez, ahora directora de la Axencia Galega de Infraestructuras, y cuatro funcionarios de la Consellería de Medio Ambiente, que estaban imputados por un delito de prevaricación administrativa.

El archivo resuelto por el juzgado de Santiago hace prever, para el letrado, que el exdiputado podría correr la misma suerte en la instrucción principal de Lugo, donde todavía permanece imputado. «El caso de Lugo y el de Santiago se fundamentan en escuchas telefónicas, que pueden ser causa para investigar; si la jueza de Santiago no aprecia indicios delictivos, nosotros estamos seguros de que ocurrirá lo mismo en Lugo», matizó ayer Ulises Bértolo, quien recuerda que tanto el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como la Audiencia Provincial de Lugo consideraron que la escuchas no son motivo para establecer una responsabilidad penal.