El 10 de diciembre hará un año que la operación Pokémon alcanzó políticamente al gobierno local de Santiago, aunque las investigaciones de la jueza Pilar de Lara ya habían centrado su atención en Santiago al menos tres meses antes, cuando trascendió la imputación de un funcionario municipal. Pero la imputación de Rebeca Domínguez, la concejala que se había incorporado en mayo a la corporación en sustitución del dimisionario Gerardo Conde Roa, resultó ser solo la punta de un iceberg que ha alcanzado a siete concejales o exconcejales: seis del PP (el grupo gobernante, incluidos el actual alcalde y su predecesor) y uno del PSOE.
Prácticamente, desde aquel diciembre no hubo mes sin sobresalto en la capital, donde los focos de la Justicia han acabado por alcanzar a la práctica totalidad del gobierno. Porque, sino por la Pokémon, otros siete ediles, integrantes de la Xunta de Goberno, están también imputados por una jueza compostelana por haber aprobado el pago de la defensa de uno de los implicados en la operación que desde Lugo investiga Pilar de Lara y que ha convulsionado la ciudad en los últimos doce meses.
El último capítulo llegaba esta semana, con las sospechas de la jueza lucense sobre una posible financiación irregular del PP local, cuando ya investigaba en esa misma línea al PSOE. Pero tales sospechas no han movido al alcalde de su habitual «tranquilidad» ni al principal grupo opositor de su convencimiento de que al menos en lo que le atañe se acabará archivando el caso. La tibieza se ha impuesto en ambos responsables políticos en lo que respecta a la financiación, escudándose en el secreto de sumario, aunque el socialista insiste en demandar la dimisión de Ángel Currás por la situación en que su grupo ha puesto a la ciudad y en requerir al PPdeG una salida que permita renovar la corporación. Porque, sostiene, ni cualitativa ni cuantitativamente se puede comparar la situación del PP con la de ningún partido del Ayuntamiento.
Pero Currás defiende que no es el momento de depurar ninguna responsabilidad política mientras permanezca el secreto de sumario. Y ha aplazado cualquier medida hasta que se levante ese secreto, lo que urge, y «se vea el alcance de todo eso y a quién afecta». «Por ahora no tenemos conocimiento ninguno y, por tanto, no podemos manifestarnos», dijo ayer al tiempo que descartaba que el PP fuese a personarse en el caso.