La tía de la desahuciada por unas monjas les legó el piso 48 horas antes de morir
GALICIA
En la causa consta que el testamento se redactó el 30 de enero de 1992 en la habitación de un sanatorio de Poio
23 nov 2013 . Actualizado a las 13:18 h.El 30 de enero de 1992, un notario pontevedrés se desplazó hasta la habitación 210 del sanatorio de La Merced, en el municipio de Poio. Allí dio fe de las últimas voluntades de Angelina Novoa Gil, de 73 años, y reflejó que la pontevedresa tenía, «a mi juicio, capacidad legal bastante para testar».
Apenas habían transcurrido cuarenta y ocho horas cuando Angelina Novoa falleció de una parada cardíaca. En su testamento, entre otras disposiciones, establecía que una céntrica vivienda de Pontevedra pasase a ser propiedad de la congregación Hermanas Servidoras de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre, si bien concretaba que su hermana Araceli pudiese disfrutar del usufructo de la propiedad hasta el día de su muerte.
Dos décadas después de que se hubiese suscrito este testamento, la comunidad religiosa ha iniciado el procedimiento de desahucio de una pontevedresa, sobrina nieta de Angelina Novoa, y de su hijo de 8 años.
En principio, este proceso debería desembocar el próximo mes de diciembre en un juicio si es que antes no hay un acuerdo extrajudicial entre las partes. Según consta en la demanda de desahucio de precario, Rebeca Araceli Pereira ha venido ocupando este piso, «uso por el que esta no paga renta alguna debido a los vínculos afectivos que les unían (abuela-nieta)».
Sin embargo, con el fallecimiento de la primera en febrero del 2012, la situación de Rebeca, a ojos del representante legal de la comunidad religiosa, cambió. No pasaron más de ocho meses cuando la joven madre recibía un burofax en el que se le reprochaba estar ocupando el piso «de modo ilegal», al tiempo que se le exigía desalojar el inmueble «a la mayor brevedad».
En la demanda judicial se ahonda en esta cuestión al sostener que, si bien la pontevedresa continúa residiendo en el piso «contra la voluntad de mi representada», esta «carece de derecho que dé cobertura a tal posesión y no satisface tampoco renta por tal ocupación». A este argumento suma el hecho de que «tampoco hace frente a los pagos de la comunidad ni a los daños producidos a terceros por averías en las instalaciones de la vivienda ocupada en precario».
En este sentido, lamenta que las reclamaciones económicas estén siendo dirigidas contra la congregación de monjas, «quien se ve obligada a responder de las mismas», añade al respecto.
En este punto, Rebeca Araceli no ha ocultado que ha dejado de abonar las cuotas de la comunidad, si bien ha precisado que lo hizo siguiendo la recomendación de una abogada cuando tuvo conocimiento de que podía ser desahuciada. Asimismo, y en declaraciones a La Voz, se ha mostrado dispuesta a reintegrar las cantidades adeudadas y a abonar un alquiler social por la vivienda que viene ocupando.
En cuanto a los desperfectos, sostuvo que, a lo largo de los años, se han realizado una serie de mejoras en el piso que han corrido de su bolsillo.
Por su parte, este pasado jueves, un portavoz del arzobispado de Santiago precisó que las hermanas, como «legítimas propietarias de la vivienda, siempre han estado y están dispuestas a poner todos los medios a su alcance para encontrar una solución extrajudicial al problema generado por esa ocupación irregular». Pese a esto, a última hora de la tarde de ayer, Rebeca aseguró que ni la congregación ni su representante legal se habían puesto aún en contacto con ella.