El Estado intentará que la condena a Mangouras incluya el pago de daños por el Prestige

La Abogacía del Estado, la Fiscalía y la Xunta tienen en principio de plazo hasta el jueves -salvo algunas excepciones- para anunciar su disposición a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia de A Coruña por el caso Prestige, que dejaba sin culpables los principales delitos medioambientales. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, anunciaba ayer la intención del Gobierno central de recurrir la sentencia y daba una pista del itinerario legal central por el que se optará: la condena de 9 meses de prisión para el capitán Mangouras debe llevar aparejada una responsabilidad civil y fijar, por tanto, compensaciones para los afectados. Feijoo hizo estas declaraciones en Madrid después de tener una conversación sobre este asunto con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien posteriormente confirmó el recurso. «El propósito del Gobierno no es revisar las decisiones con carácter penal de la Audiencia, pero sí insistir en la necesidad de que existan responsabilidades civiles que sean satisfechas por los autores y responsables del siniestro», dijo el ministro.

Esta declaración va en la línea de lo que La Voz pudo saber sobre la estrategia gubernamental en el recurso, que aún está en fase de estudio y elaboración. Aunque en principio antes del jueves solo hay que formalizar el anuncio de recurso y las razones -el desarrollo de los fundamentos jurídicos se hace después, una vez admitido a trámite-, la idea es cuestionar la decisión del tribunal de que el delito de desobediencia grave no lleve vinculada la responsabilidad civil -el pago de parte de los daños-, pues es un delito que tuvo influencia en los daños medioambientales.

Infracción de ley

Este es el sustento para que los servicios jurídicos de la Administración aleguen que hubo una infracción de ley en la sentencia. En este sentido, la estrategia se basa en que el Estado no tiene nada que perder y sí algo que ganar si el Supremo ampara esta vía. La casación deja un margen muy estrecho, si no nulo, para alterar los hechos probados de la sentencia, de ahí que aún se esté estudiando si se recurre la absolución de Mangouras en el delito contra el medio ambiente. Lo que sí está claro es que ninguno de los brazos del Estado en este caso -Abogacía, Xunta y Fiscalía- tomarán decisiones que puedan afectar a la absolución del ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, como sería invocar una causa de nulidad de la sentencia.

De ahí que es probable que los servicios jurídicos opten por un recurso de perfil bajo, orientado al resarcimiento de la responsabilidad civil y no a cuestionar las decisiones troncales del fallo. No obstante, con los mismos hechos probados de la sentencia, hay un resquicio de interpretación diferente a la del tribunal que es al que se agarrarán si finalmente se recurre la absolución del delito medioambiental. La Xunta, con toda probabilidad, se adherirá al recurso de la Abogacía del Estado para evitar descoordinaciones procesales en un caso crucial.

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