También se legitima que el hundimiento sea el objetivo de las autoridades marítimas, al considerar que, con el barco hundido, se esperaba que «acabase el vertido, sino por congelación del fuel, que no se produciría ni se produjo, al menos limitando la cantidad e intensidad del vertido y posibilitando la recuperación en el pecio del fuel, como así ocurrió». El tribunal obvia que la tradición marítima obliga primero a rescatar a las personas, pero después al buque y su carga. Optar por el hundimiento es además una operación gravosa si se quiere luego extraer el fuel. A España le costó 108 millones de euros y crear una tecnología ad hoc.
Es muy curioso que en los hechos probados se asuma que el Gobierno envió el barco rumbo noroeste, «hacia el temporal», pero apenas se insista después en los resultados de esta decisión, o en el eventual desentenderse de la situación por parte del Gobierno cuando deja en manos de los salvadores de Smit el destino del barco. Se acepta, por ejemplo, que desde que se hizo firme el remolque hasta que el buque se partió pasaron unas 115 horas «en las que recibió 37.600 a 46.000 golpes de mar». Pero no en las consecuencias de un viaje que, en realidad, no tenía ningún destino.
