Perplejidades y expectativas tras la sentencia del «Prestige»

Francisco J. Sanz Larruga

GALICIA

14 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

La mayoría de los ciudadanos que conocieron ayer por los medios de comunicación las conclusiones de la sentencia del caso Prestige, dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña, absolviendo a los tres imputados -Apostolos Ionannis Mangouras, Nikolaos Argyropoulos y José Luis López Sors- de los delitos contra el medio ambiente, daños en espacios naturales protegidos y daños por los que habían sido acusados pueden fácilmente afirmar que «no se ha hecho justicia» o que «los culpables de la catástrofe del Prestige quedan indemnes». Con mayor razón, los gallegos que vivimos muy de cerca los acontecimientos y que sufrimos, una vez más, las consecuencias de una catástrofe petrolera incluso podemos pensar que las sentidas y masivas reivindicaciones del ciudadanía han resultado traicionadas y olvidadas.

Soy consciente de que la sentencia del juicio penal del Prestige que ayer fue hecha pública no contenta a casi nadie, salvo a los imputados, claro está. A los representantes de la Administración General del Estado, porque no han logrado la condena penal del capitán Mangouras por delito ecológico -que traería consigo importantes consecuencias sobre el reconocimiento de la responsabilidad civil y, en particular, de los cuantiosos daños ecológicos reclamados-; a las partes acusadoras -como la plataforma Nunca Máis-, que no han conseguido ver condenado al señor López Sors (ex director general de la Marina Mercante); a los representantes de los afectados por la catástrofe, que no han visto satisfechas sus expectativas indemnizatorias, etcétera.

Pese a la zozobra que una primera -y apresurada- lectura de la sentencia genera, como jurista apasionado desde hace tiempo en la protección de nuestros mares y costas, soy de los que piensan que el ordenamiento jurídico vigente en el 2002, cuando ocurrió el aciago suceso del Prestige -desde los tratados internacionales sobre responsabilidad por daños de hidrocarburos hasta nuestras normas de derecho interno sobre seguridad marítima- no estaban a la altura de las garantías jurídicas que requiere la protección de nuestra lacerada costa gallega. Desgraciadamente, tuvo que producirse el Prestige para que, en conjunción con la catástrofe petrolera del Erika en Francia en 1999, se llevara a cabo una verdadera conmoción del ordenamiento jurídico sobre seguridad marítima -desde el derecho internacional hasta los derechos autonómicos, pasando por el derecho comunitario- que de producirse hoy el Prestige el resultado de la sentencia, no me queda la menor duda, sería bien diferente.