La sentencia del «Prestige»: Sin luz sobre las controversias fundamentales once años después

López Sors, Mangouras y el jefe de máquinas han sido absueltos de delito medioambiental. El capitán griego sí ha sido condenado a 9 meses por «desobediencia grave». Los magistrados dicen que no se ha podido probar responsabilidad penal, apuntan a la clasificadora y justifican el alejamiento del barco decretado por el Gobierno antes del naufragio. Toda la información sobre la sentencia, aquí


La Voz / Redacción

Once años de instrucción y ocho meses de juicio no han sido suficientes para determinar, con cierto consenso técnico, las dos controversias fundamentales del caso Prestige, en las que se basaban las acusaciones más graves -los delitos medioambientales- contra el capitán del buque, Apostolos Mangouras, y el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Ni el fallo estructural en las entrañas del buque ni la decisión de alejar el petrolero han tenido respuestas unánimes o solventes por parte de los peritos -los informes fueron «imprecisos», se alega en la sentencia-, ni se han probado las acusaciones para sustentar las peticiones de penas ni por tanto la responsabilidad civil, esto es, el pago de los daños.

El ponente de la sentencia sobre el Prestige, el magistrado Juan Luis Pía, admitió que a día de hoy no puede determinarse con exactitud cómo se produjo el fallo estructural en el petrolero, pero apunta a los técnicos de la empresa clasificadora, ABS, como responsables de unas inspecciones deficientes que no pudieron detectar la fragilidad del petrolero. Pero no cree que Mangouras deba ser condenado por imprudencia y delito medioambiental por unas «deficiencias de mantenimiento y control de la conservación del buque, que no respondían a vicios que pudieran observarse directamente, sino que dependían de análisis técnicos complejos que no se efectuaron con la debida profesionalidad, eficacia y/o prudencia». «No se demostró -añade la sentencia- que los acusados quisieran hundir el buque, ni que conocieran las deficiencias estructurales ni las causas de estas».

Respecto al alejamiento del Prestige decretado por José Luis López Sors, los magistrados consideran que esta decisión aumentó la extensión del vertido, pero redujo la intensidad de la afectación y permitió recoger fuel en el mar. La reacción de evitar que el buque embarrancase fue «correcta», al igual que el asesoramiento técnico con el que contó el entonces director de la Marina Mercante, uno de los aspectos que más cuestionó la acusación popular de Nunca Máis. «Nunca se dijo hasta ahora cuál hubiera sido la decisión correcta a adoptar ni el protocolo a seguir en el supuesto no desdeñable de que se repitiesen hechos similares; ni aún ahora, después de una dilatada instrucción y de un largo y árido juicio», se asegura en la sentencia.

Finalmente, el largo proceso del Prestige se salda con una condena menor de nueve meses de cárcel para Mangouras por desobediencia grave, al negarse a tomar remolque cuando se lo ordenaron las autoridades españolas. Esta condena está exenta de responsabilidad civil, por lo que la aseguradora, el London P&I Club, podrá retirar los 22,5 millones que depositó para repartir entre las víctimas, a no ser que estas pidan medidas cautelares para inmovilizarlo de cara a futuros procesos civiles. Por supuesto, nadie pagará la reclamación de 4.328 millones de la Fiscalía. El Estado español, que ha desembolsado unos mil millones por la catástrofe, al menos no tendrá que devolver los 115 que le ha adelantado el Fidac, pues el dinero del fondo internacional -151 millones- se mantiene para indemnizar a las víctimas.

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