Un barco en un estado deplorable, una mala reparación, una clasificadora que da el visto bueno a un buque que no debería navegar y un armador cegado por el beneficio económico. Kilómetros de costa asfaltados, zonas de marisqueo y pesca destrozadas, y efectos colaterales en muchos sectores económicos. Son, grosso modo, las causas y las consecuencias del accidente del Prestige, para que ahora llegue otra tragedia: nadie es responsable, nadie es culpable y, sobre todo, nadie va a pagar ni con cárcel ni con dinero los daños ocasionados. Porque el único responsable al que apunta la sentencia, la clasificadora ABS, no se sentaba en el banquillo.
Ahora habrá que ver quién se ha equivocado, si la estrategia judicial ha sido la adecuada o si es necesario cambiar nuestras leyes para que, si hay una próxima vez, se juzgue a todos los responsables de un desastre como el del Prestige. Pero que una de las mayores catástrofes medioambientales del planeta, que costó a las arcas públicas algo más de 1.000 millones de euros, se salde sin culpables y sin indemnizaciones es una tomadura de pelo a la sociedad gallega. Y una muestra más de que la justicia, que no pasa por su mejor momento, llega una vez más tarde, mal y a rastro.