La jueza censura al Concello de Santiago por pretender personarse en la Pokémon

Un auténtico rapapolvo jurídico acaba de recibir el Concello de Santiago como respuesta a su recurso de reforma a la providencia de la jueza de Lugo Pilar de Lara mediante la cual se le denegó la posibilidad, como pretendía, de personarse como perjudicado en el caso Pokémon. El auto de la magistrada es contundente y le replica que ante la «naturaleza de los hechos investigados, los indicios existentes, la pluralidad de funcionarios y autoridades municipales implicados, entre los que se encuentran varios concejales, un exalcalde y un alcalde, hacen dudar de la buena fe del Ayuntamiento al pretender personarse como acusación, invocando una supuesta condición de perjudicado que realmente no tiene, por cuanto que todo apuntaría a que más que defender el interés, el propio Ayuntamiento ha defendido intereses corporativistas y particulares en contra de lo que es el interés público, cuya defensa tiene encomendada».

La jueza que instruye el caso Pokémon, en el que se investiga la complicidad de funcionarios, alcaldes y concejales para la concesión de contratos públicos a cambio de regalos y dinero, se suma al criterio del fiscal, que impugnó el recurso del Concello compostelano, y sostiene también que «estando imputados varios miembros de dicha corporación municipal, la actuación como parte perjudicada podría verse supeditada por el principio jerárquico a intereses personales y no verdaderamente institucionales lo que, añado -explica la jueza en el auto-, constituiría sin duda alguna la consolidación de una situación fraudulenta que debe evitarse para preservar el bien y el interés público».

En palabras menos jurídicas, la magistrada, al igual que el fiscal, sostienen que pretendiendo personarse en la causa Pokémon como perjudicados, el Concello de Santiago más que preservando el interés público estaría intentando adquirir una posición más ventajosa a la hora de organizar las defensas del alcalde, Ángel Currás (PP), y de los concejales del actual gobierno local que están imputados en este asunto: Rebeca Domínguez y Adrián Varela, a los que hay que añadir los que ya dimitieron: Albino Vázquez y el exregidor Gerardo Conde Roa.

Registros y requerimientos

La jueza De Lara, que recuerda que también el propio Ayuntamiento fue registrado y que se les ha requerido en varias ocasiones para que aporten documentación «sobre determinados y muy concretos expedientes», por lo que considera que es «perfecto conocedor» de las presuntas irregularidades que se están investigando. Por ello, advierte, «de admitirse su personación no podría actuar ni como perjudicado ni como acusador, sino en todo caso como responsable civil, pudiendo considerarse fraudulenta, por tanto, la intención de personarse como acusación», por lo que el recurso ha sido desestimado en su totalidad.

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