Piden dos años de cárcel para el exalcalde y el exedil de Urbanismo de Gondomar

Se enfrentan a prisión y al pago de una multa de 22.500 euros por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística


Gondomar / La Voz

El exalcalde de Gondomar Martín Urgal, del PP, y el exconcejal de Urbanismo y tránsfuga socialista Alfonso de Lis Fiuza se enfrentan a una petición de condena de la Fiscalía de dos años de cárcel y al pago de una multa de 22.500 euros por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística. Del mismo modo, el abogado José Martínez Torea también se encuentra imputado como cooperador necesario.

El ministerio público solicita además la anulación de 38 licencias que el anterior gobierno local otorgó sin contar con los preceptivos dictámenes jurídicos municipales. El juicio se celebrará los próximos días 22 y 23 en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo.

Los dos responsables políticos serán juzgados por haber apartado a la secretaria municipal y a la técnico de administración general de sus funciones para informar sobre la concesión de licencias urbanísticas. En su lugar contrataron al abogado José Martínez Torea, que era el encargado de realizar los informes con los que concedieron las licencias entre los meses de febrero y junio del 2011.

Las malas relaciones de ambos responsables municipales con las funcionarias comenzaron poco después de que se auparan al poder mediante una moción de censura que desalojó al BNG de la alcaldía en el año 2009.

Entre septiembre y diciembre de ese año, el abogado particular cobró 5.568 euros por emitir informes jurídicos y otros 1.416 euros por otros dos informes firmados en el año 2010. Todas estas facturas tuvieron el informe de reparo de la interventora municipal, quien consideró que existía una duplicidad en el gasto, toda vez que el Ayuntamiento cuenta con su propio servicio jurídico. La situación no cambió hasta el final del mandato. El 22 de febrero del 2011, el alcalde suscribió con el abogado un contrato para que continuara informando la concesión de licencias por un importe de 17.500 euros durante seis meses.

Nuevamente la gestión municipal de este ayuntamiento de O Val Miñor vuelve a sentar en el banquillo a sus responsables políticos. El juzgado ya inhabilitó en el año 2008 a otro alcalde, Carlos Silva, por un delito de prevaricación urbanística por dar licencias sin PXOM.

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